La presencia de policías y militares en la franja fronteriza debería ser específicamente para proteger a los migrantes y no para inhibir en la decisión de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, señaló José María García Lara, director de albergue Movimiento Juventud 2000.
“Su presencia hace que prácticamente los retiren o no se puedan acercar a la frontera, hace que se pierda el lado humano”, indicó.
El Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó la presencia de elementos policiacos y militares ante las amenazas que han recibido agentes del Grupo Beta por parte de traficantes de personas, en la franja fronteriza entre Playas de Tijuana a la garita de San Ysidro.
García Lara mencionó que la presencia de elementos policiales y militares estarían salvaguardando el cruce ilegal de personas a Estados Unidos, una actividad que no les corresponde.
“Están inhibiendo a las personas, es algo muy complejo, prohibiendo que ingresen de manera regular a un país que no es el suyo”, señaló el activista.
Comentó que el sistema de la aplicación CBP One continúa lento y las personas en situación de movilidad esperan entre tres a cinco meses para tener la confirmación de una fecha y presentar su caso ante un juez en Estados Unidos.
“Esta situación hace que las personas tomen decisiones de intentar ingresar de manera ilegal, o buscar quien los cruce o los pueda acercar”, destacó.
El titular de INM en Baja California, David Pérez Tejada, dijo que el tráfico de personas está haciendo un negocio lucrativo para el crimen organizado.
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Comentó que llegan a cobrar 70 mil dólares por las áreas montañosas, ocho mil dólares escondidos en vehículos por las garitas y entre 10 y 12 mil dólares por el mar.