Entre finales del presente año y el primer trimestre de 2025 se emitirá una nueva licitación para la construcción de la planta desaladora en Playas de Rosarito, parte del proyecto que rescató el gobierno de Baja California luego de que fuera cancelado por la administración estatal anterior.
Marco Moreno Mexia, secretario de Hacienda del estado, confirmó que actualmente se trabaja en las bases para emitir la licitación, así como en las autorizaciones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el manifiesto de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Víctor Daniel Amador Barragán, comentó que se trata de un proyecto modular, es decir, de fases.
El primer módulo tendrá una capacidad de desalar 1.1 mil litros por segundo y con el segundo llegará a los 2.2 mil, aunque el proyecto puede llegar hasta los 4 mil.
La planta garantizaría el abasto de agua por hasta 30 años a Tijuana, Playas de Rosarito, y parte del corredor costero, pero también se beneficiaría Tecate, ya que con los ahorros se puede enviar más agua a esa ciudad.
“Tiene que ser licitada a través de un mecanismo nacional e internacional, de acuerdo a los términos y referencias del Fondo Nacional de Infraestructura; estamos trabajando para que salga eso de la mejor manera posible y poder estar en la posibilidad de que en la brevedad se inicie la obra”.
Según estimaciones de Moreno Mexia, la obra se construirá en un periodo aproximado de dos años y medio y, aunque aún no se sabe cuál será el costo final, podría representar una inversión de 400 millones de dólares, lo que al cambio actual representa más de 7 mil 797 millones de pesos.
Recordó que, con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el gobierno federal ya adquirió un terreno para construir la planta, en el ejido Mazatlán, de Playas de Rosarito, y que se ha comprometido a participar con el 50 por ciento de la inversión total.
“Lo que estamos buscando es poder completar el otro 50 por ciento con recursos del gobierno federal a través de una subvención; estamos buscando que eventualmente participe con capital la banca de desarrollo internacional; lo que no queremos hacer es un proyecto bajo la modalidad de APP (Asociación Público Privada) que incremente de manera sustantiva la tarifa del agua”.
De acuerdo al funcionario, se han aplicado ya 40 millones de dólares para la compra del terreno y los costos asociados al proyecto, mientras que de los 360 millones restantes 180 serán cubiertos por el Fonadin.
En el caso de los 180 millones de dólares restantes, confirmó que las autoridades estatales se encuentran en conversaciones con entidades financieras a nivel internacional, como el Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo, para ver la posibilidad de que participen en el proyecto.
La intención de esto, explicó Moreno Mexia, es evitar que el costo de la inversión sea trasladado a la población en general y a los consumidores industriales, por medio de incrementos a la tarifa del agua en Baja California.
“Este tipo de proyectos, por la magnitud, definitivamente si no queremos que tenga un impacto sustantivo en la tarifa, tienen que ser subvencionados por recurso federal o de agencias internacionales”.
Originalmente presentado durante la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019), el proyecto se presentó bajo la modalidad de APP, generando polémica en diversos sectores de la entidad.
Durante la administración anterior, encabezada por el exgobernador y exsenador Jaime Bonilla Valdez (2019-2021), se llevó a cabo su cancelación unilateral, lo que derivó en una demanda de arbitraje por 51 millones de dólares por parte de Consolidated Water, empresa encargada del proyecto.
Fue hasta la entrada de la actual administración, y tras una negociación de al menos 18 meses, que se llegó a un acuerdo final para recuperar y retomar el proyecto de construcción.
La planta de Playas de Rosarito es uno de los tres proyectos de desaladoras en Baja California, los cuales arrancarán su construcción en un año y medio año más, lo que le daría a la zona costa del estado un abasto por 20 o 30 años.
De los dos proyectos restantes, informó el titular de la Seproa, uno corresponde a la desaladora de San Quintín y el otro a la ampliación del abasto de la de Ensenada.
En lo referente a San Quintín, Amador Barragán comentó que se está retomando el proyecto de la empresa Kenton y que por el momento se está trabajando en los servidores de paso de la tubería, por lo que espera que a finales de diciembre empiece la construcción.
Aseveró que se requerirá una inversión importante de recursos para la construcción de la infraestructura de macro y micro distribución, para poder llevar el agua a todo el municipio, ya que los poblados se encuentran muy dispersos.
Sobre el proyecto de Ensenada, el titular de Seproa comentó que se encuentran realizando el análisis de los términos de referencia para poder ampliar la capacidad de la planta desaladora en al menos 250 litros por segundo más.
Este sería el proyecto que más rápido arrancaría, ya que se tiene el terreno, la toma y la descarga, señaló Amador Barragán.
Tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de Ensenada, esta planta tendría la capacidad de abastecer a esa ciudad por otros 20 años.
