Los policías municipales desarmados para realizar los exámenes de confianza que aún estaban vigentes, denunciaron de forma penal al secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, a la directora del Centro de Control de Confianza de la FGE, Fabiola Chantal Lugo Valdez y evaluadores de la misma institución abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y tortura.
Cabe destacar que fue el día 9 de septiembre cuando a los 156 policías municipales adscritos a la zona Valle sur de Mexicali, fueron citados por el secretario y la fiscal a realizar las evaluaciones de confianza ante el C3; en la denuncia, los quejosos indicaron que cuando realizan estos exámenes, se les cita con un mes de anticipación, no el mismo día de la aplicación.
Mientras que los oficiales realizarían las pruebas, elementos de la Fuerza Estatal Ciudadana, Guardia Nacional y SEDENA, tomaron el mando de seguridad municipal en el Valle de Mexicali zona sur, hasta que finalizaran las evaluaciones.
DENUNCIA
En la denuncia se expuso que algunos oficiales iban saliendo de su turno de servicio, por lo que, sin descaso, acudieron al C3, end donde les pidieron su identificación y les quitaron los teléfonos celulares; indicaron que nunca se les informó sobe el tiempo estimado o del proceso del mismo, teniéndolos incomunicados durantevarias horas.
Indicaron que los evaluadores, nunca se presentaron con nombre ni puesto al realizarles las pruebas, les informaron que tenían la libertad de retirarse en cualquier momento, sin embargo, si lo hacía, lo tomarían como que rechazaron la evaluación, por lo que su resultado seria “no aprobado”.
Continua, mencionando que la mayoría de los presentes había permanecido mas de 24 horas continuas dentro de las instalaciones, sometidos a diversas evaluaciones como socioeconómicas, médicas, psicológicas y poligráficas, que al no descansar, comer ni tomar medicamentos los oficiales que lo necesitaban, lo consideraron como una manera de manipular o distorsionar los resultados de los policías.
Además del supuesto trato inhumano que expresan los denunciantes, destacan que fue ilegal la evaluación, ya que, no eran sujetos a realizarla debido a que aún tenían el C3 vigente, por lo que expresan que sin justificación alguna y sólo por permanecer adscritos a una zona geográfica se les sometió a esos exámenes de forma obligada.
Bajo en las condiciones en las que ya se encontraban los oficiales desarmados, relataron que sufrieron de tortura psicológica, ya que los evaluadores se comportaban de manera prepotente, agresiva y todos les preguntaban por qué no habían acudido al apoyo d la corporación de la Fuerza Estatal Ciudadana en un incidente en el valle; indicaron que muchos de ellos, no estaban en turno el día que ocurrió el ataque directo a los agentes.
Por el hecho de estar adscritos al Valle sur, los evaluadores supuestamente los querían obligar a aceptar que hicieron actividades ilícitas hostigándolos y diciéndoles que estaban bajo investigación por los delitos de delincuencia organizada.
Concluyen que conforme al reglamento interior del centro de evaluación, los oficiales que se les aplicará la evaluación será para los de nuevo ingreso y personal activo; en este último debe de ser con motivos de promoción, permanencia, entre otros, los cuales se entienden como portación de arma prohibida, asignación a una comisión especial y otras que determinen las disposiciones aplicables.
En el reglamento se indica que sólo el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tiene la facultad de solicitar la evaluación a los policías de su corporación; en este caso, fueron las autoridades estatales los que lo decidieron mientras que el director de la DSPM se encontraba de vacaciones.
Fueron más de cien policías municipales desarmados que firmaron la denuncia contra las autoridades mencionadas.
