Autoridades municipales reiteraron que el acuerdo reparatorio que se estableció con el responsable del desvío de 3 millones de pesos de Bienestar Social Municipal (Bisom), fue de acuerdo a la ley, con lo cual rechazaron que sea ilegal, como lo señaló Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Mexicali.
Cuestionada al respecto, la alcaldesa Norma Bustamante Martínez comentó que el acuerdo reparatorio fue consensuado y analizado por un equipo de abogados del Ayuntamiento.
Descartó que requiera de la autorización del Cabildo para responder al desfalco que se suscitó a finales del 2019, cuando la ahora gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, era la alcaldesa de Mexicali.
A pesar de que la Coparmex local hizo el llamado a considerar que los diferentes ediles evalúen y decidan si el acuerdo citado es la mejor forma de reparar el daño generado a la hacienda municipal, Bustamante Martínez descartó que se vaya a turnar el tema al cabildo.
El jueves, Sandoval López llamó a que la Sindicatura explique porqué se llegó a dicho acuerdo reparatorio y sostuvo que esto no debió haber sido una decisión unilateral del síndico, Héctor Israel Ceseña Mendoza, sino del Ayuntamiento, representado por los 17 ediles.
“Con esto institucionalizan la corrupción, porque mandan el mensaje de que pueden robar y luego te lo pago en abonos y sin intereses; esto es una aberración, es injustificable”, puntualizó el consultor empresarial.
Por su parte, Pedro Mendívil García, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien fungía como fiscal regional en Mexicali cuando se judicializó el caso, reiteró que la posibilidad de un acuerdo reparatorio está permitida en la normatividad a nivel nacional. Este medio legal, afirmó, permite que las personas involucradas en un proceso penal puedan llegar a un acuerdo que resuelva su controversia sin tener que llegar a un juicio.
“En este caso el acuerdo fue autorizado legalmente por el juez de control; es una salida que está prevista en la ley, no tiene nada, absolutamente nada de ilegal y lo más importante que hay que establecer es la solución rápida de un conflicto que puede durar más años de lo que ya había durado.
“No hay que olvidar que nuestro sistema acusatorio está colapsado, que hay más de 400 juicios que aún no se celebran y que indudablemente este caso sería resuelto en siete, ocho años”, explicó.
El especialista en derecho insistió en que no se requería la autorización de la alcaldesa o del Cabildo para llegar a dicho acuerdo, ya que el síndico procurador era la figura que representó legalmente al ayuntamiento en las audiencias.
“Si no se cumpliera con la legalidad, el juez no lo otorga; obviamente el juez sabe que una de las partes es el gobierno municipal, sabe que la otra parte es un particular y el derecho de víctima no lo tienes en función de si eres particular, servidor público o eres un ente de gobierno. Eres víctima de un delito y la persona moral es víctima de un delito, la legalidad estriba en la facultad del juez de control de validarlo”.
El martes se hizo público que Jesús Enrique “N” es el responsable del desvío de 3 millones de pesos de Bisom, con quien se acordó que regrese ese dinero en 36 parcialidades, pagando 83 mil 333 pesos mensuales.
Mendívil García abundó que si se decide ir a juicio en contra del señalado, lo más seguro es que no se podrá regresar el recurso perdido al Ayuntamiento, debido a que la persona es culpable del desvío.
“No hay ninguna persona que sea condenada por un delito y aparte pague la reparación del daño, es absurdo, porque ya cumple con la pena.
“Lo más importante es que se está dando certeza jurídica (al Ayuntamiento). Si la persona deja de cumplir con uno de los pagos, se suspende el acuerdo y se va a juicio”.
Con información de Yerson Martínez