Para que exista una representación ciudadana al interior de los consejos de administración de la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mexicali (Canacintra) exhortó al gobierno estatal que regrese la “silla” de algún ciudadano que vele por los intereses de la ciudadanía.
Alberto Sánchez Torres, presidente de la cámara, recordó que durante la administración estatal anterior encabezada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez se modificó la ley de tal manera en que se excluyó la participación de representantes de la comunidad, entre las que se encontraba la misma Canacintra y la Cámara Nacional de Comercio, por lo que comentó que le solicitarán a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, que se considere reintegrar el consejo de administración a representantes de la sociedad civil.
Actualmente el consejo sólo está integrado por representantes de dependencias de gobierno, mencionó, por lo que invitó a que se retome la opinión de la ciudadanía.
El empresario manifestó que no pide que le regresen la “silla” a Canacintra, sin embargo, sí solicita que existan más representantes ciudadanos.
“Es muy importante que el organismo tenga participación ciudadana y no solamente el gobierno, entonces hoy lo hemos mencionado, hoy los órganos operadores más eficientes o los que van en vías de desarrollo tienen más de un 60% de participación ciudadana”.
Sánchez Torres dijo esperar tener una respuesta positiva por parte de la gobernadora, insistiendo que sea quien sea quien el que ocupe el lugar, sirva para tener un verdadero ejercicio de transparencia.
“No puede ser posible que un organismo público no tenga participación ciudadana, entonces vamos a hacer ese exhorto, esperemos que con la gobernadora Marina del Pilar tengamos una respuesta positiva y sea quien sea quien ocupe la silla que representa a la ciudadanía y que vea que se está haciendo con los recursos al interior de los organismos”.
En el 2020 Bonilla Valdez propuso modificar las leyes de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, lo cual fue aprobado por la XXIII Legislatura.