Una investigación rigurosa en tiempo y forma es lo que exige el sector empresarial para fincar responsabilidades a los desvíos de más de 1 mil 200 millones de pesos que acusa el actual gobierno estatal en contra del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid y sus colaboradores más cercanos.

Rodrigo Llantada Ávila, titular del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció que el gobierno a cargo de Jaime Bonilla Valdez esté actuando con responsabilidad, ya que era un secreto a voces que había demasiadas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la gestión de Vega de Lamadrid.

Esta investigación pudiera ser la punta de un iceberg, afirmó, el cual debería representar un parteaguas para los siguientes gobernantes, por lo que dijo esperar una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía y en el caso de encontrarse evidencias, que estas permitan fincar las responsabilidades.

“México y Baja California reclama castigos ejemplares, hemos sabido cantidad de historias que se presumían actos de corrupción, sin embargo, hoy es de las pocas veces que se están cumpliendo con el ofrecimiento, estamos muy atentos del desahogo de esta investigación”, expresó.

Sospechoso

Por su parte, Francisco Fiorentini Cañedo, consejero Nacional de la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex), opinó que debe revisarse con lupa si es que existió un manejo discrecional de los recursos públicos durante la gestión estatal anterior.

Recordó que en julio pasado como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción SEA, denunció la violación al artículo 95 de la Constitución de Baja California, tras la designación del auditor, Carlos Montejo Oceguera, quien renunció a dicho cargo tan solo un día hábil antes de que el gobierno estatal actual presentara una denuncia en contra de Vega de Lamadrid.

El empresario celebró que se haya interpuesto una denuncia formal y a su vez, que se hayan retirado las notarías asignadas de una manera discrecional a personas allegadas a la administración estatal anterior.