El presidente del Comité Ciudadano del Sistema estatal Anticorrupción, Francisco Fiorentini Cañedo, presentó una iniciativa al Congreso para que la Fiscalía Anticorrupción debe tener personalidad jurídica, además, se requiere que se restituya la Comisión Especial para que ciudadanos participen en la supervisión del avance a la corrupción.
El pasado miércoles, a menos de 40 días de asumir su cargo, presentó su renuncia la fiscal anticorrupción, Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, por falta de recursos.
Al mediodía de ayer, Fiorentini Cañedo ofreció una rueda de prensa con el fin de informar sobre la iniciativa para que el congreso restituya lo omitido, a la Fiscalía Anticorrupción, además, solicita al gobernador una reunión mensual para evaluar los avances en el combate a la corrupción.
Fiorentini Cañedo comentó que no se puede permitir el nombramiento de un fiscal a modo del gobernante, y puso como ejemplo los casos de las numerosas propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, así como el de la casa blanca de Enrique Peña Nieto.
“Cuando alguien nombra a un funcionario a revisar sus cuentas, tiene que haber completa autonomía y completa independencia, por eso ocupamos una autonomía presupuestaria y técnica.
“Si yo mañana como fiscal –estoy hablando en sentido figurado-, tuviese qué pedirle hasta a ver a quien voy a contratar, al Fiscal General del Estado, evidentemente estoy supeditado y atado de manos, yo creo que fue eso lo que pasó a la fiscal que acaba de renunciar.
“Y si no queremos un fiscal que dependa al 100 % de la Fiscalía General, ocupamos tener estos 3 requerimientos, que aparte, fueron suscritos por el estado mexicano, en la convención de la Naciones Unidas en contra de la corrupción”.
Fiorentini Cañedo comentó que se tendrá que lanzar una nueva convocatoria para que todos los ciudadanos que quieran participar en la elección del Fiscal Anticorrupción, aunque ya se ha comentado por parte de los diputados que el gobernador enviará una nueva terna antes de 20 días.
El antecedente
Cuando se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en sesión del Congreso local del 10 de octubre de 2019, hicieron algunas modificaciones a lo que se había aprobado en 2017, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción.
“Le dejaron una ausencia de personalidad jurídica, es decir, hay una nula existencia de la Fiscalía Anticorrupción, le determinaron la no autonomía técnica y presupuestal.
“Lo que esto implica no poder contar con los elementos necesarios para poder actuar con independencia, y contar con los recursos para hacer contrataciones para poder armar un equipo técnico, y el presupuesto que ello requiere”.
En esa misma sesión, los diputados locales también le quitaron al pueblo de Baja California la Comisión Especial, en la que algunos ciudadanos podían atestiguar el actuar de los funcionarios encargados de combatir la corrupción.
“Esto atenta de manera muy importante el derecho humano de vivir en un estado libre de corrupción, que está consagrado en el Artículo séptimo de nuestra Constitución”.
Por lo que presentaron al congreso local, un proyecto para corregir las omisiones que se realizaron en su momento, y dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
“Queremos decirles que si quieren estar en sintonía de lo que se prometió en campaña, y a lo que ha sido un discurso en este momento, es necesario que la Comisión Especial vuelva a ser parte fundamental del proceso, para evitar nombrar funcionarios a modo”.
También ha solicitado al gobernador Jaime Bonilla Valdez, así como al presidente del Congreso, y junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, para que les obsequie de su agenda, una reunión mensual, de manera periódica y sostenida, evaluar de manera seria, formal y con compromisos el estado que guarda el combate a la corrupción en el estado.
