Debido a que se debe garantizar que se aplique la ley a quien resulte responsable en el caso de los moches que involucra a funcionarios de la presente administración estatal, la senadora por Baja California Gina Cruz Blackledge, solicitó que el caso sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El gobernador Jaime Bonilla Valdez destituyó a Cynthia Gissel García Soberanes, Jesús Demian Núñez, como secretaria de Bienestar y Oficial Mayor respectivamente, debido a que se ventiló un caso de moches que solicitaron a empresarios con lo que presuntamente estos, obtendrían contratos con el gobierno estatal.
La legisladora mexicalense tomó el micrófono desde su escaño para exponer ante el pleno del Senado de la República la situación de corrupción que se ha presentado en su estado, Baja California, a menos de un mes de la asunción del nuevo gobierno.
“Fueron exhibidos en un grave caso de corrupción por moches con proveedores de Gobierno del Estado, a un mes de asumir su cargo y con la promesa de Morena de acabar con la corrupción y prácticas tan lesivas que hacen tanto daño al servicio público y sobre todo en detrimento de los Bajacalifornianos.
“Esto no puede pasar desapercibido: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República, deben investigar el origen de los recursos y no hacer oídos sordos en relación a los millones de pesos en efectivo que fueron solicitados por funcionarios a cambio de contratos con el Gobierno de Jaime Bonilla”.
Si bien es cierto que el gobernador ha removido a dos de los funcionarios, también lo es que la única instrucción de investigación se ha dado a través de la Secretaría de la Función Pública, creemos que esto debe ir más allá, y debe de haber consecuencias legales al respecto, expuso Gina Cruz.
La legisladora por Acción Nacional, solicitó además que el Senado de la República presente un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado de Baja california, para esclarecer y fincar responsabilidad y en consecuencia, actuar conforme a la ley.
Lo anterior, con la finalidad de dar gobernabilidad y transparencia a la administración que encabeza Jaime Bonilla, elegido por dos años en su cargo y el cual ha iniciado cuestionado y en medio de la corrupción, aseveró Gina Cruz
