En un acto solidario con los trabajadores de la educación, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, aprobó por unanimidad la Proposición de Acuerdo Económico, presentada por la diputada Maria Luisa Villalobos Ávila del grupo parlamentario de MORENA, mediante el cual se exhorta al director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que gire instrucciones, a fin de que el monto de las pensiones que en derecho procedan, se calculen y realice con base al salario mínimo y no conforme a la Unidad de Medida y Actualización, como actualmente sucede.
Durante su exposición de motivos la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dijo que el 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario, con la intención de desvincular al salario mínimo como unidad de medida o ajuste para diversos fines ajenos a su naturaleza.
Destacó que mediante esta reforma se dispuso que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
Explicó que no obstante que el objeto primordial de la reforma ha sido preservar y fortalecer la naturaleza del salario mínimo, el régimen transitorio de la reforma, particularmente el artículo tercero transitorio, ha causado confusión y ha sido interpretado inexactamente por la autoridad, impactando en las pensiones, las cuales se han actualizado indebidamente a través de la UMA.
Agregó que esta situación debilita el ingreso de los pensionados y jubilados, tal y como ha sido el caso de los trabajadores de la educación .
Villalobos Ávila mencionó que existe una Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial del Federación, con fecha del 20 de septiembre de 2019, donde señala que la UMA, no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.
A dicha proposición se adhirieron legisladores integrantes de las diversas fuerzas políticas que integran la XXIII Legislatura, en respaldo al magisterio de la Entidad.