Diez mujeres que cumplen actualmente una condena en alguna delas cárceles de Baja California serán apoyadas por el Institutode la Mujer (Inmujer) para pagar su fianza y obtener la libertadmediante un programa que les facilitará la reintegración a lasociedad.

Rosa María Castillo Burgos, directora de Inmujer en el Estado,encabezó ayer la conformación del grupo multidisciplinario quetendrá la labor de analizar, atender y dar seguimiento a lasmujeres que a través de este programa dejarán la prisión.

El grupo a cargo de la estrategia dispondrá de un presupuestode 300 mil pesos para cubrir la fianza de por lo menos una decenade reclusas, que en su mayoría permanecen tras las rejas por undelito no grave. “Estas mujeres por lo general son abandonadaspor sus familias, hay mujeres que por 2 mil o 3 mil pesos no puedensalir del penal y esa es la labor que tenemos que hacer; estasmujeres siempre han tenido algún tipo de violencia dentro de lafamilia, en la escuela o la sociedad misma, el objetivo es quesalgan y no dejarlas solas”.

Castillo Burgos refirió que una vez liberadas las mujeresserán canalizadas a fuentes de empleo o instituciones educativas,además de otorgarles becas en caso de que tengan hijos menores.Tendrán acceso además a ayuda médica, atención psicológica yasesoría legal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado otorgará losexpedientes de las reclusas que pueden ser candidatas a esteapoyo.

“La idea es que no sean discriminadas ni excluidas de lasociedad cuando salgan del penal; algunas están por delitos nograves; algunas tienen cumplidas prácticamente sus penas de hasta20 años”. Se trata de la primera ocasión en que Inmujer BajaCalifornia desarrolla un programa orientado a este sector.

Nueva consulta La directora de Inmujer en el Estado comentó quesigue en la búsqueda de firmar un convenio con el InstitutoNacional de Estadística y Geografía para actualizar las cifras demujeres que han padecido algún tipo de violencia en el Estado. Losdatos con los que el Inmujer cuenta actualmente datan del 2013. Enel 2016 una encuesta aplicada en algunas zonas de Tijuana yEnsenada reveló que el 87% de las 60 mil mujeres que utilizan eltransporte público sufren alguna situación de violencia.