Por 19 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el congreso local aprobó una ampliación presupuestal por 13 millones, 410 mil 700.83 pesos, para que la Fiscalía General del Estado (FGE), aproveche la “oferta” del arrendador de vehículos, del que recibiría dos en donación, si les renta por 36 meses.
El dictamen también incluye el arrendamiento por 5 meses, de una unidad blindada para protección del fiscal general del estado, con un costo mensual de 152 mil 614.32 pesos, que a los 5 meses sería un importe 763 mil 071.60 pesos, que con el IVA al 16 % de 122 mil 091.46, da un total de 885 mil 163.06 pesos.
Quienes se abstuvieron de votar fueron las diputadas Alejandrina Corral y Daylín García Ruvalcaba, dl PAN y MC respectivamente, mientras quienes votaron en contra se encuentra Amintha Briceño Cinco del PAN, Marco Antonio Blasquez Salinas del PT y Sergio Moctezuma Martínez de Morena.
Los 36 meses se cumplirían en diciembre del 2022, es decir, el contrato se realizó en diciembre del 2019, por adjudicación directa con la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., la cual tiene como apoderado legal a José Rafael Barrón Sánchez, y con domicilio en el Estado de México.
La ampliación presupuestal es para la partica de “Arrendamiento de equipo de transporte” para la “Agencia Estatal de Investigación para Complementar las Investigaciones y Ordenes de Aprensión” de los cuales 12 millones, 525 mil 537.78 pesos, se solicitó con fuente de financiamiento Transferencia Estatal 2022.
Mientras que 885 mil 163.02 con fuente de financiamiento de ingresos propios de la FGE en 2022.
Con lo anterior, para dar continuidad al arrendamiento de 30 unidades vehiculares para la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, para complementar las investigaciones y órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público de las Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, por un periodo de 9 meses.
Además del arrendamiento de una unidad vehicular blindada para uso en la seguridad del Fiscal General del Estado de Baja California, por un periodo de 5 meses.
En el dictamen se explica que en el año 2020 se da inicio a la utilización del esquema de arrendamiento especialmente para contar con vehículos con características y equipamiento configurados específicamente para facilitar las labores de investigación y persecución de los delitos.
Lo anterior permitió el arrendamiento inicial de un total de 76 unidades vehiculares, con un menor desembolso de recursos comparados contra la opción de adquisición de los mismos, todo con cargo a los recursos comprometidos y autorizados dentro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
La totalidad de dichos vehículos, en su momento sirvieron para el reforzamiento de la operación de la entonces Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, en la realización de diversas actividades de patrullaje para el combate al delito, así como para la investigación y prevención del mismo en los diversos municipios del Estado.
Dichas unidades vehiculares forman parte de los acuerdos celebrados dentro de las reuniones del Comité Intersecretarial instituidas para llevar a cabo los trabajos de transición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la FGE, donde en el marco de la cuarta sesión de dicho comité se determinó que la Fiscalía mantuviera el resguardo de las 30 unidades vehiculares objeto de la presente solicitud.
“No obstante lo anterior, y ante la posibilidad de que la Fiscalía aproveche la oferta del prestador de servicios, de recibir en donación, sin costo adicional alguno, las unidades arrendadas en el caso de que se mantenga un arrendamiento ininterrumpido de 36 (treinta y seis meses) y al final de dicho plazo.
“La Fiscalía hará devolución de 2 unidades a la arrendadora el prestador de servicios, de entre aquellos que, de acuerdo a las condiciones físicas o necesidades del servicio, le sea más conveniente devolver.
“Dado lo anterior, la propiedad de las unidades objeto de arrendamiento bajo la figura de donación podrán ser incorporadas al patrimonio de la Fiscalía sin realizar erogación adicional alguna”.
