El estado de Baja California aún no acata la actualización de la norma ambiental de comunicación, NOM-172-SEMARNAT-2023, sin embargo, no existe ninguna autoridad sancionatoria designada, por lo que no pueden ser sancionados, reveló Alberto Mexía, director de Redspira.
El 23 de julio se cumplieron los 180 días de tolerancia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat) otorgó a los gobiernos locales para dar cumplimiento con la actualización de la NOM-172-SEMARNAT-2023.
Dicha norma estableció nuevos parámetros de medición de la calidad del aire, recomendaciones para la población según la calidad detectada e informar sobre los tipos de contaminantes y los índices detectados por lo menos 24 horas antes. Sin embargo, el gobierno de Baja California no ha cumplido al 100% con las indicaciones establecidas.
“Con el Estado, desafortunadamente no hemos podido tener comunicación directa. Al Estado lo que le hace falta es el informe de 24 horas y aumentar los contaminantes criterio que informan en sus plataformas”, expresó Alberto Mexía.
Pese a que la autoridad estatal ya excedió la fecha límite pactada para cumplir la norma, no existe una autoridad sancionadora designada por Semarnat para estos casos.
El director de Redspira, mencionó que Redspira participó en las mesas de trabajo con Semarnat para la actualización de la norma, publicada el 25 de enero, mismas en las que las asociaciones civiles participantes exigieron la designación de una autoridad facultada para sancionar en caso del incumplimiento de la norma, pero no se fijó ninguna.
“Lo que se logró un poco es que se incluyó en la norma un ‘check-list’, a manera de comprobación si los gobiernos están o no cumpliendo. Se hizo un procedimiento de verificación, inspección y dictamen, sin embargo, no está definido un conjunto de sanciones como tal, dado que no se identificó en aquel entonces una autoridad que pudiera sancionar”, detalló.
Alberto Mexía consideró a esta situación como una falla reiterada en las normas ambientales mexicanas, ya que permite el incumplimiento, tanto de los gobiernos como de las industrias.