Tijuana.- Si algo sobra en las oficinas de Recaudación de Rentas, son personas en la búsqueda de realizar pagos y aclaraciones ante el gobierno del estado. Son filas y filas de contribuyentes que claman por ser atendidos y huir de esas engorrosas obligaciones que a nadie gustan.
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El movimiento constante que se da en todos los módulos de Recaudación de Rentas, contrasta con la poca o nula afluencia en el espacio habilitado por el Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec). ¿Pero eso cómo se come?, preguntará más de un lector de este texto. Se trata de la institución creada “con bombo y platillo” en la actual administración estatal, para registrar los automóviles que circulan de forma irregular en el estado, mejor conocidos como “chocolate”.
No obstante, pese a entrar en operación desde septiembre del año pasado e iniciar el censo un mes después, sus resultados son más que cuestionables para una institución que cuesta más de 64 millones de pesos.
EL REGISTRO
Una mesa plegable, atendida por un par de funcionarios, es el primer contacto que tendrá un ciudadano interesado en realizar el trámite para anotar su vehículo. A diferencia de otras gestiones, la atención será rápida, porque apenas habrá alguno que otro automovilista interesado en el proceso.
Y es ahí cuando surgen los cuestionamientos, a la hora de escuchar los requisitos para el censo: licencia de conducir vigente del estado de Baja California, título o contrato de compra venta, comprobante de domicilio, presentar el vehículo para toma de fotografías, y un pago de mil pesos.
¿Y esos mil pesos para qué? El gobierno del estado promete primero que nada, cumplir con la ley que rige al Invec, para evitar sanciones administrativas; certeza sobre la tenencia del vehículo; examen ambiental para comprobar las condiciones óptimas del auto.
Pese a todas las “ventajas” que ofrece el Invec, los últimos datos dados a un diario local por el titular del organismo, Jesús Beltrán Lachica, dicen que hasta la última semana de enero del presente año, solo habían sido registrados 13 mil vehículos “chocolate” en Baja California.
Sin embargo, a partir de aquí empiezan las contradicciones por parte del Invec.
El 21 de octubre del 2020 el director de la paraestatal concedió una entrevista a PSN (propiedad del gobernador Jaime Bonilla), en donde aseguraba que a solo tres semanas de haber iniciado el censo, más de 20 mil bajacalifornianos habían registrado su carro “chocolate” ante el Invec.
En esa misma entrevista, estimaba que para diciembre de ese mismo año alcanzaría las 40 mil unidades en el censo.
Pero nada más alejado de la realidad, pues el 18 de diciembre, la coordinación de comunicación del Invec envió un boletín de prensa donde establecía que iban 10 mil autos anotados a tres meses de haber arrancado el censo.
Esto sería 10 mil registros menos de los que había dicho Beltrán Lachica apenas dos meses atrás.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Baja California es el segundo estado del país donde circula el mayor número de vehículos irregulares. Estiman que son más de 500 mil.
Esto se traduce en que el gobierno estatal no ha logrado registrar ni 3% de esos autos “chocolate” a más de seis meses de iniciado el censo.
El Sol de Tijuana solicitó desde el miércoles 17 de marzo una entrevista con el director del Invec, Jesús Beltrán Lachica, con el fin de tener la información más actualizada sobre el censo, pero pese a la insistencia de este medio de comunicación, la oficina gubernamental no dio las facilidades para la conversación.
CIUDADANOS NO VEN UTILIDAD
Javier Esquivel es propietario de una Ford Explorer 1998 con placas de California. Como hace años tuvo otro vehículo de procedencia extranjera y la Policía Municipal se lo quitó, le interesó registrar su unidad en el Censo de Identidad Vehicular, pero de un momento a otro dio marcha atrás.
“Perdí mi cartera con mi licencia y ya no lo hice, pero solo sirve como registro para identificarte como dueño, aunque no hay una garantía de nada. Es un decreto que aún no han aprobado” (sic), dijo el hombre.
En cambio, Sandy Escalante sí registró su auto. Lo hizo con el único fin de que quedara a nombre de su esposo y con ello evitar perder el dinero invertido por su familia en el vehículo.
“Solo te dan un papel donde te registran el tipo de carro a nombre de quién lo maneja. Es todo, no te dan ningún seguro. Solo es por seguir el protocolo del gobierno”, comentó.
Esta semana que recién concluyó, ciudadanos se mostraron preocupados en redes sociales por supuestos retenes instalados por el Invec en la Zona Este de Tijuana, creyendo que la intención de la institución era decomisar los autos “chocolate”.
A las pocas horas, en las mismas publicaciones de redes sociales, los usuarios aclaraban que se trataba de puntos de información, en los que la oficina estatal exhortaba a los ciudadanos a registrar en el censo su unidad.
La desconfianza de los ciudadanos para registrar su auto parece fundada cuando el artículo 18 de la ley que creó el Invec dice que “en ningún caso, el Censo de Identificación Vehicular, los documentos o procesos que lo amparen, constituyen un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia del vehículo dentro del territorio de Baja California ni mucho menos su importación o regularización”.
OPACIDAD
Al Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación del estado le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, un monto de 64 millones 890 mil 811 pesos.
Esta partida es superior por ejemplo a los destinado al Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), o la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), que recibieron un presupuesto de 23 millones 808 millones 650 mil pesos, 18 millones 500 mil y 61 millones 025 mil 868 pesos, respectivamente.
No obstante, al ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), aún no es posible saber cómo son ejercidos esos más de 64 millones de pesos.
Y si cada dueño de un auto paga mil pesos y van registrados 13 mil vehículos, esto se traduce en 13 millones de pesos.
El detalle es que el nuevo organismo no aparece en la lista de sujetos obligados de la plataforma para responder a las solicitudes de información, y nadie más se hace responsable.
Al solicitar vía transparencia a la Secretaría de Hacienda el monto que ha ingresado al gobierno estatal con motivo del censo de autos irregulares, así como su destino, Hacienda respondió que no tiene esos datos.
“Esta dependencia no genera dicha información, se exhorta dirija al Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación”, dijo la Secretaría de Hacienda.
La Secretaría General de Gobierno (SGG), que tomó protesta a Beltran Lachica como Director General del Invec a mediados de mayo del 2020, y la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), que promueve el censo desde el inicio, también se deslindaron.
Entre la poca información de oficio disponible sobre el Invec en la PNT, hay un contrato de prestación de servicios profesionales entre el gobierno estatal y el también exdirector de Vialidad y Transporte del entonces alcalde Jorge Hank Rhon.
Según el documento firmado el 30 de junio, Jesús Beltrám Lachica obtuvo 90 mil pesos por honorarios entre el 1 de julio y el 31 de agosto del año pasado, con 45 mil pesos mensuales.
A cambio, él se comprometía a “instrumentar los medios necesarios para poner en marcha la operación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación”.
LA REGULARIZACIÓN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
Hasta septiembre pasado aún se informaba en las transmisiones matutinas del gobernador Jaime Bonilla la ruta que seguiría el proyecto, pero por lo pronto la intención quedará en “stand by” durante los próximos meses.
El plan para regularizar los más de 500 mil autos “chocolate” que circulan en Baja California será discutido hasta después de las elecciones del 6 de junio, informó el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.
“Para el programa de regularización tuvimos reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública, Gobernación. Se enfocó desde el punto de vista de seguridad, así se planteó. El presidente de la república lo dijo y lo anunció, lo retomaremos después de las elecciones. El señor presidente no quiso, atinadamente, que se fuera a tomar como un programa electorero. Dígamos, está a la espera de que concluyan las elecciones y lo vamos a retomar. Esperamos verlo cristalizado este mismo año”, confió el funcionario estatal.
Sobre el censo vehicular que está en desarrollo, dijo que la mayoría de los propietarios de autos “chocolate” no conocen el programa o inclusive no terminan de entender su objetivo.
MAL ENFOCADO
El excoordinador del Eje de Movilidad del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Jorge Gutiérrez Topete, consideró que la solución a largo plazo no está necesariamente en registrar los autos “chocolate".
Aunque desde la perspectiva estadística y de seguridad, añadió, sería útil conocer la magnitud del problema.
“La verdadera solución de movilidad está en que se haga exitosa la transformación del transporte público hacia un modelo de desarrollo donde este nuevo sistema brinde la oportunidad a los usuarios a renunciar a la necesidad de tener que moverse exclusivamente en auto y se presenten alternativas”, comentó.
Respecto a la escasa cifra de autos “chocolate” registrados en el padrón, opinó que puede ser desconocimiento sobre el programa.
“Creo que los que tienen autos ilegales no se han empadronado ya que no se tiene identificada una ruta hacia la legalización de los autos en cuestión. Creo también que la pandemia ha inhibido que la gente acuda al registro”, consideró.
Con unas campañas electorales en puerta, no se vislumbra que el Censo Vehicular vaya a ser en el corto plazo una solución a los miles de automóviles que circulan de manera irregular en la entidad.
Por si fuera poco, para aquellos que hayan registrado su vehículo, deberán de preparar de nuevo sus ahorros, pues al cabo de un año tendrán que desembolsar una “lanita” para refrendar el registro en el Censo, según estipula el artículo 16 y 17 de la ley que creó el Invec.
Si no hacen ese refrendo, el artículo 27 de esa ley, señala que los propietarios de esos autos se harían acreedores a una multa que podría ir de tres a 15 veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización, es decir, entre 268 pesos y mil 344 pesos.