Ninguno de los 16 verificentros que funcionan en la región para medir las emisiones contaminantes de los vehículos está reconocido ni certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es decir que no hay certeza de que sus procesos y herramientas sean los indicados para hacer ese tipo de evaluaciones.
Para el gobierno del estado ésta es razón suficiente para no renovar los contratos de concesión que les fueron otorgados cuando la verificación vehicular ambiental se volvió obligatoria en Baja California.
Mario Escobedo Carignan, titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, reconoció que sigue bajo análisis la posibilidad de que el gobierno estatal se haga cargo del proceso de verificación al considerar que los particulares a cargo de éstos no han cumplido con el objetivo del programa.
“No tenemos la seguridad de cómo están verificando los autos, EMA es la unidad que determina la calibración de los equipos y si esos equipos son los necesarios y si cumplen con la norma mexicana para poder verificar”.
El funcionario agregó que tampoco hay forma de saber si los verificentros cumplen con el resto de las normas ambientales.
Dada la situación, el gobierno del estado considera factible asumir la verificación de las emisiones de los automóviles, tarea que pudiera ser asignada al Instituto de Movilidad que está por formalizarse.
El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo reiteró que el programa de verificación ha fracasado especialmente porque no logró llegar ni a la mitad del padrón vehicular oficial.
“Se han estado verificando el 35 ó 40% del padrón cuando debería ser el 100% de los vehículos que circulan en el estado”.
Escobedo Carignan indicó que el programa ya ni siquiera es rentable para los concesionarios.
