A partir de este año los automóviles que circulen sin el holograma que acredite su Verificación Ambiental serán acreedores a una multa impuesta por la autoridad municipal y no podrán emitir placas hasta aprobar el estudio de emisiones que es obligatorio desde el 2013 en Baja California.
Se trata de las nuevas reglas que contendrá el decreto que emitirá la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable para replantear el programa de verificación en busca de hacerlo efectivo para combatir la contaminación del aire.
José Carmelo Zavala Álvarez, titular de la dependencia, reconoció que desde su implementación, este programa ha tenido huecos que requieren corregirse para que realmente se aplique a todos los vehículos que circulan en el estado, tal como se contempla en la ley.
De este modo quedará de forma más clara el aspecto de inspección y vigilancia, dando facultad a la autoridad municipal para detener la marcha de los automóviles sin holograma ambiental para aplicarles una multa cuyo monto fijará cada ayuntamiento.
“Está más especificado y con claridad que la inspección y vigilancia la pueden hacer estado y municipio, esto va a dar facilidad para que la autoridad municipal a quien circula en su territorio sin el holograma.
“Habrá tolerancia cero con medidas más estrictas para que no circulen vehículos que no estén emplacados y con este holograma; en 10 años el programa de verificación no ha sido exitoso, en la parte ambiental ha sido reducido”.
TERCERA PARTE
Aunque se presume obligatoria, actualmente la Verificación Ambiental la realizan alrededor de 300 mil vehículos que equivalen a una tercera parte del parque automotriz oficial del estado conformado por más de 1 millón de unidades.
De acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, los carros aportan el 60% de la contaminación que padecen las ciudades.
Zavala Álvarez adelantó que en marzo y abril próximos vencerán 16 de los 18 contratos de concesión que fueron otorgados por el gobierno del estado a las empresas particulares que operan los Verificentros.
La administración estatal aprovechará ese proceso para replantear si se renuevan o se asignan a nuevos particulares, ya que los sistemas que utilizan deben renovarse y certificarse porque ni siquiera están validados por la Entidad Mexicana de la Acreditación A.C.
“Esto es conforme a la ley de metodología del país; fue un compromiso de la concesión que en el tercer año fueran unidades de verificación y no se cumplió”.
La Subsecretaría de Desarrollo Sustentable está próxima a presentar el nuevo decreto que esperan pueda aplicarse este mismo año.
