/ domingo 12 de mayo de 2024

Mayoría de resoluciones de transparencia clasifican información confidencial: INEGI

Se basaron en información del organismo capturada en 2022

La mayoría de las resoluciones a solicitudes de transparencia son para clasificar información cómo confidencial en baja California, reveló el Censo Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El segundo tipo de resoluciones más frecuente es el de la ampliación de plazos para emitir respuesta por parte de la dependencia a quien se requirió la información (sujeto obligado).

El 6 de mayo del presente año INEGI publicó la última actualización del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2023.

En él, INEGI reveló que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) resolvió cómo información confidencial el 34.9 por ciento de las solicitudes de información y acceso a datos personales. Esto correspondiente al año 2022.

Estas resoluciones se realizan a partir de la respuesta de los sujetos obligados, o dependencias gubernamentales, las cuales fueron las que buscaron clasificar la información en ese sentido.

En total, el organismo garante reportó haber recibido 271 solicitudes de información en ese año, de los cuales dijo que todas recibieron respuesta.

Asimismo, indicó que el 32.6% de las resoluciones fueron para ampliar el plazo de respuesta de los sujetos obligados; el 16.3% para declarar la inexistencia de la información solicitada en dicha dependencia; el 7% para declarar la incompetencia del sujeto obligado; el 4.7% para clasificar la información cómo reservada; y otro 4.7% que correspondió a otro tipo de determinación.

Estas cifras ubicaron a Baja California en la media nacional, ya que existen estado cómo el de Tlaxcala en donde el 99.5% de las resoluciones clasificaron la información cómo confidencial.

En ese año el ITAIPBC ejerció un presupuesto de alrededor de 15 millones 500 mil pesos, lo que lo ubicó cómo el quinto más bajo del país. Mientras que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ejerció cerca de 975 millones de pesos.

La mayoría de las resoluciones a solicitudes de transparencia son para clasificar información cómo confidencial en baja California, reveló el Censo Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El segundo tipo de resoluciones más frecuente es el de la ampliación de plazos para emitir respuesta por parte de la dependencia a quien se requirió la información (sujeto obligado).

El 6 de mayo del presente año INEGI publicó la última actualización del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2023.

En él, INEGI reveló que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) resolvió cómo información confidencial el 34.9 por ciento de las solicitudes de información y acceso a datos personales. Esto correspondiente al año 2022.

Estas resoluciones se realizan a partir de la respuesta de los sujetos obligados, o dependencias gubernamentales, las cuales fueron las que buscaron clasificar la información en ese sentido.

En total, el organismo garante reportó haber recibido 271 solicitudes de información en ese año, de los cuales dijo que todas recibieron respuesta.

Asimismo, indicó que el 32.6% de las resoluciones fueron para ampliar el plazo de respuesta de los sujetos obligados; el 16.3% para declarar la inexistencia de la información solicitada en dicha dependencia; el 7% para declarar la incompetencia del sujeto obligado; el 4.7% para clasificar la información cómo reservada; y otro 4.7% que correspondió a otro tipo de determinación.

Estas cifras ubicaron a Baja California en la media nacional, ya que existen estado cómo el de Tlaxcala en donde el 99.5% de las resoluciones clasificaron la información cómo confidencial.

En ese año el ITAIPBC ejerció un presupuesto de alrededor de 15 millones 500 mil pesos, lo que lo ubicó cómo el quinto más bajo del país. Mientras que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ejerció cerca de 975 millones de pesos.

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