El lunes 15 de agosto estaba citado para su audiencia el ex gobernador morenista, Jaime Bonilla Valdez, para declarar por el caso de Next Energy, pero no está obligado a presentarse al recuperar su fuero constitucional como Senador por Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no perdona ni olvida y le dice que lo esperará al 2024, cuando termine su gestión.
Deberán presentarse todos los implicados a la audiencia programada a las 9:00 horas de día 15 de agosto del 2022 en la Sala 6 del edificio del centro de justicia en Mexicali, por la causa penal 4921/2022 y con Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977.
En una declaración realizada el pasado jueves, Ávila Olmeda asentó que "él (Bonilla Valdez) dijo que independientemente con o sin fuero iba a acudir a las audiencias, entonces pues deberá de presentarse, y si no pues no prescribe el delito, así que lo esperamos en el 24"
Durante la pasada administración, con anuencia de la XXIII Legislatura del estado, el entonces gobernador y senador con licencia aprobó un contrato por 30 años para la construcción y operación de una planta fotovoltaica, que suministraría de electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana.
Sin embargo, al carecer de permisos federales así como la implementación de una política eléctrica en la que se favorece la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la planta no fue construida.
En el contrato se establecía que de cancelarse el contrato, el gobierno del estado pagaría la cantidad de 12 mil millones de pesos, que estrían comprometidos de las participaciones federales, e incluso la empresa llegó a cobrar algo así como 123 millones de pesos.
La administración de Ávila Olmeda inició un proceso legal para dar por terminado el contrato, sin embargo, la empresa decidió desistir del cobro de sus garantías y regresar los 123 millones de pesos.
Por lo anterior, la actual gobernadora, también de Morena, presentó una denuncia en contra del ex mandatario.
Ante lo anterior, en una entrevista que concedió en el canal de televisión de su propiedad, y entrevistado por el diputado local por el PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, declaró que:
“Nosotros sabemos que el gobierno estatal ha participado en ayudar al PAN para que yo no regresara al Senado, con diferentes argumentos, que porque yo busco el fuero… yo no busco el fuero, yo voy a declarar, tenga o no lo tenga (fuero), yo se lo he dicho a todo mundo, porque no hay nada que esconder.
“No tememos de nada de lo que pueda decir, y va a terminar este gobierno igual como está terminando ahorita con lo de la fotovoltáica, con huevo en la cara porque todas sus acusaciones son frívolas, desatinadas, acusaciones a mis funcionarios que no hicieron más que lo correcto, en ningún momento, nadie violó la ley”.
En la sesión del 5 de mayo de este año, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, le retiró el escaño haciendo alusión del Artículo 105 de la Constitución federal, que señala que nadie puede ostentar dos cargos públicos a la vez.
Sin embargo, en votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral le regresó su escaño debido a que consideraron que Mario Osuna Jiménez (quejoso), no acreditó su carácter de dirigente estatal del PAN para presentar el recurso de queja por la incorporación al Senado del ex mandatario.
LOS DELITOS
Los delitos por los que son acusados son por: corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado impropio.
Entre quienes deberán acudir a la audiencia este 15 de agosto se encuentra el propio Bonilla Valdez; Luis Salomón Faz Apodaca, ex secretario del Agua; Adalberto González Higuera, ex oficial mayor y ex secretario de Hacienda y Rodolfo Castro Valdez, ex secretario de Hacienda.
Además de Israel Clemente González, ex oficial mayor; Marco Octavio Hilton Reyes, ex oficial mayor; Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, ex directora de la Comisión Estatal de Energía; Pablo Alonso Hernández Arellano, ex subsecretario de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
También estaría citado Amador Rodríguez Lozano, ex secretario general de Gobierno; Karen Postlethwaite Montijo, ex secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, entre otros.
Lo anterior, por “su probable participación en la comisión del hecho delictivo de uso ilícito de atribuciones y facultades en perjuicio del Gobierno del Estado de Baja California”.