Una denuncia por daño moral en contra del exgobernador por Morena, Jaime Bonilla Valdez, se mantiene vigente, e incluso está por iniciar el proceso de presentación de pruebas en lo que es un largo proceso que lleva 3 años y medio y que podría costarle al ahora petista, el pago pecuniario al afectado, así como una disculpa pública.
A principios del año 2020, el excandidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Acosta Fregoso, presentó una denuncia en contra del entonces gobernador morenista, debido a que en una de sus transmisiones mañaneras lo señaló como propietario de un casino en San Felipe, y en esa misma emisión difundida en septiembre de 2019 en su perfil de Facebook como corruptor de menores.
Acosta Fregoso mencionó que en su tiempo le contestó de la manera que tenía que contestarle, el morenista le reviró al decirle delincuente, pero él (Acosta Fregoso), le mostró un documento en el que aparece el exgobernador tras las rejas, y le dijo que el delincuente era éste.
Durante el gobierno del morenista siguieron en un enfrentamiento que nació de dos temas fundamentales, uno fue una invitación que le hizo cuando era candidato a gobernador por el PRI, que renunciara a la candidatura y se fuera a su equipo, lo que no aceptó, lo que provocó el enojo de éste.
El otro tema fue el de la gubernatura de 2 años, señaló el exdiputado local por el PRI, ya que él mismo fue de las personas que más denunció la ilegalidad de querer reformar la Constitución en Baja California.
Incluso participó en un recurso que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que finalmente determinó que Bonilla Valdez quería hacer un fraude a la ley, dijo.
Lo anterior originó un conflicto con este personaje, y terminó en despropósitos de él, de descalificaciones personales, afectando a su familia, a él personalmente, así como a su profesión, aseveró el exdirigente estatal priista.
“Y determiné presentarle una demanda de carácter civil, que consiste en el daño moral, y que actualmente se está tramitando en los juzgados civiles de la ciudad de Tijuana, Baja California, lleva su rumbo procesal adecuado, estamos entrando ya en la etapa del ofrecimiento de pruebas y será un juicio largo, finalmente la ley se aplica”.
Explicó que en Baja California ya no existe el delito de difamación y calumnia, fue eliminado el congreso del estado, por lo que ahora esas difamaciones y calumnias, se tienen que hacer valer en la vía civil y no en la penal.
El daño moral, es una valoración del daño que se ha causado quien emite declaraciones, en el aspecto sicológico, familiar, entorno social, y el juez determina que, si hubo ese daño, hay una cantidad de indemnización en la que el demandado tiene que pagar, además de una disculpa pública, que seguramente eso será más difícil de pagar para Bonilla Valdez, aseveró Acosta Fregoso.