La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California hizo un llamado a que autoridades instrumenten y ejecuten acciones para atender a los menores de edad que se vieron afectados por un atentado que sufrió una familia, en el que derivó en la muerte de un niño de cuatro años y que otro resultara lesionado.
La paraestatal que está a cargo de Miguel Ángel Mora Marrufo, condenó el atentado ocurrido en Tecate en el que un niño de cuatro años murió y otro de 11 resultó lesionado; así como el homicidio de dos adolescentes, de 11 y 13 años, ocurrido en Ensenada durante este mes; y también el asesinato de otro adolescente de 15 años registrado en junio en Tijuana.
La CEDHBC anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) una intervención respecto a la falta de acciones específicas de prevención por parte del Estado mexicano para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia criminal que se registra en este país.
Mora Marrufo instó a que las diferentes instituciones de gobierno, en el marco de sus atribuciones, emprendan todas las acciones y programas necesarios para la atención y protección de la niñez y la adolescencia, con énfasis en quienes, por su contexto, requieren atención prioritaria, anteponiendo el principio del interés superior de la niñez.
También exhortó a las autoridades a reforzar medidas de protección frente al contexto de violencia que se manifiesta en la entidad, con énfasis en la implementación de medidas emergentes para salvaguardar la integridad de los y las menores de edad.
Precisó que entre 2017 y 2022 se documentaron más de 300 homicidios dolosos en Baja California, por lo que la Comisión Especial para Atender la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh) ha sesionado junto con la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para analizar el contexto de violencia dirigido a la niñez y adolescencia.
El ombudsperson reiteró que a pesar de que la violencia contra niños, niñas y adolescentes se puede explicar a partir de las condiciones materiales en el país, así como el contexto generado por los enfrentamientos de grupos delictivos, por lo que no se deben entender estas muertes violentas como un daño colateral, sino como víctimas inocentes que tienen el derecho de ser protegidas por el Estado mexicano.