TIJUANA. La reforma constitucional que amplia de dos a cinco años el periodo de la próxima gubernatura de Baja California, mejor conocida como Ley Bonilla, será enviada para su publicación tras la consulta ciudadana sobre el tema a realizarse el día 13 de octubre, adelantó el presidente del Congreso, Catalino Zavala.
El proceso de la llamada Ley Bonilla está empantanado ya que tras aprobarse por el Congreso y los cabildos, esta no ha sido publicada en el periódico oficial del estado, por lo que jurídicamente no ha sido posible para sus detractores impugnarla ante las instancias judiciales. En días pasados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de Jaime Bonilla sólo para dos años, justo como fue publicada la convocatoria de los comicios.
Sin embargo, la definición de esto continúa en el limbo jurídico. Ante la ola de críticas que desató la aprobación de esta reforma, el Congreso local decidió consultar a la ciudadanía si está a favor o en contra de que Jaime Bonilla gobierne por cinco años. Sin embargo, este procedimiento ha sido calificado como ilegítimo e ilegal. Sin embargo, para Catalino Zavala y los diputados de Morena esto “es un tema de respaldo y legitimidad”, por lo que se enviarán los resultados de la consulta al Ejecutivo estatal junto con la ley para su publicación y entrada en vigor.
En entrevista tras su participación como invitado del Grupo Político Tijuana, reiteró que la consulta será el 13 de este mes, y dijo que la comisión responsable del proceso tiene hasta dos días para dar los resultados. El diputado de Morena insistió en que el acuerdo del Congreso para celebrar esta consulta es constitucional, aunque subrayó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá la última palabra sobre el periodo de la gubernatura “Esta es una figura que no está en la ley, pero es un acuerdo del Congreso para buscar la opinión de los ciudadanos”, apuntó.
Una vez que la reforma constitucional sea aprobada en el periódico oficial podrán ser interpuestas las impugnaciones, y entonces deberá resolver el máximo tribunal de justicia en el país.
