“Obviamente no estamos de acuerdo con la violencia” fueron las palabras de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre el enfrentamiento entre manifestantes contra la reforma al Poder Judicial Federal y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el Congreso del Estado.
Cuestionada por medios de comunicación, la mandataria aseguró que su gobierno respeta todo tipo de manifestaciones y afirmó que los trabajadores cuentan con el derecho legítimo de manifestarse, a pesar de la reacción que tuvieron los agentes.
“Ustedes se dieron cuenta la forma también en la que llegan, se rompen las puertas, y efectivamente no estamos de acuerdo con el uso de la violencia ni de la fuerza, como se hizo el dia de ayer, lamentamos mucho, afortunadamente no hay lesionados de gravedad”
LOS LESIONADOS
A consecuencia del enfrentamiento del miércoles, se tiene registro de al menos dos personas que tuvieron que ser trasladadas de emergencia a hospitales cercanos, uno al Hospital General de Mexicali y otro al Hospital 5 de Diciembre del ISSSTE, los cuales de acuerdo a la mandataria estatal ya fueron dados de alta.
La gobernadora de Baja California aseguró que se dará seguimiento y se atenderán las consecuencias de los hechos ocurridos en el Congreso del Estado.
Por otra parte, insistió en que la reforma no representa un perjuicio para los trabajadores del Poder Judicial Federal, y que ya se está trabajando en la armonización a nivel local con la Consejería Jurídica y el propio Poder Judicial Estatal.
“A diferencia de la relación que existe con el Poder Judicial Federal, con el Poder Judicial del Estado la verdad es que es muy buena, nos ayudan mucho porque la paz se logra con la justicia”
NEXT ENERGY
Sobre las declaraciones del ex gobernador Jaime Bonilla Valdezen donde afirmó que “no hay delito que perseguir”, la mandataria respondió con incredulidad.
“Yo creo que tenemos ya tres años con este tema, si no sabe cual es el delito que cambie de abogados”
Ayer por la tarde, Bonilla Valdez compareció ante la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la Sociedad, Estado y Justicia de la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar declaraciones en relación al caso de la planta fotovoltaica de Next Energy.