La Senadora Gina Cruz Blackledge, lamentó el carpetazo que se le ha dado a las investigaciones de los moches, que se dio al inicio de la presente administración estatal, ya que habla del poco compromiso que existe en realidad para el combate a la corrupción, por lo que seguirá insistiendo para que en este caso, se finquen responsabilidades.

En diciembre del año pasado, se desató el escándalo conocido como el caso de “los moches”, que tuvo como consecuencia la separación de 2 funcionarios de alto nivel que fueron involucrados, que presuntamente solicitaron dinero a empresarios para garantizar futuros contratos, esto, antes de iniciar la administración estatal.

La noche del miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que ha determinado el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas en contra de Jesús Demián “N”, y Cynthia Gissel “N”, quienes fungían como oficial mayor y secretaria de Bienestar en la actual administración estatal.

Los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad sobre el caso de los moches, que trascendió a nivel nacional, y que ahora el gobierno estatal pretende enterrar dándole carpetazo, manifestó la Senadora.

Gina Cruz recordó que fue a finales del año pasado que solicitó ante el Senado que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así como la Fiscalía General de la República, realicen las investigaciones pertinentes en el caso de los moches en los que se involucraron a los entonces funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Baja California.

Además, se exhortara al Gobierno del Estado que esclarezca y finque responsabilidades de conforme a la ley.

Pero muy al contrario, en medio de una emergencia sanitaria, cuando los bajacalifornianos están más preocupados por atender su salud, además de la incertidumbre económica que le depara el futuro, que la Fiscalía Estatal del Estado (FGE) realiza el siguiente anuncio.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, mencionó que este tipo de investigaciones deben ser exhaustivas y llegar hasta las últimas consecuencias, para determinar o no la responsabilidad de los señalados, o bien, seguir otras líneas de investigación.

Se debe determinar si hay más involucrados en el presunto hecho delictuoso, y seguir con las diligencias hasta dar con toda la verdad.

Aún hay muchas preguntas por contestar y los bajacalifornianos tienen derecho a saber la verdad en este presunto caso de corrupción del gobierno estatal, que puso en entredicho los principios de la actual administración de “no robar, no engañar y no traicionar”, que tanto pregonan.

La separación de sus respectivos cargos de los señalados no es suficiente, ya que no se determinó su responsabilidad o no, con ello, el gobierno de la Cuarta Transformación demuestra que no tiene un serio compromiso de combate a la corrupción, sino al contrario, pretende enterrar el asunto.

Ante esta situación, no cesaremos en exigir se aclare este asunto, hasta que los bajacalifornianos tengan una respuesta sobre el origen de ese dinero y se deslinden responsabilidades, aseveró Gina Cruz.