Tijuana, (OEM).- En Baja California los ciudadanos no tienen derecho a no ser sometidos a Desaparición Forzada y a tortura porque los diputados no han realizado las reformas constitucionales para ello, de acuerdo con la CNDH.
En su Plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos, el organismo informó que el Estado no tiene ningún avance en esos dos temas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que hay apenas un avance del 17.4% en protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y en contra de la tortura el avance es de 53.13%.
Esto, aunque está obligado por la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y por la Convención interamericana sobre desaparición forzada. En la evaluación, dentro de la Desaparición Forzada, la comisión solo encontró la Ley de Atención y Protección a la Víctima o el Ofendido del Delito para el Estado de Baja California.
Sin embargo, esta ley aprobada por el anterior Congreso en el 2018 sigue sin operar por completo, pues no se ha nombrado al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni se le otorgó un presupuesto al nuevo ente para garantizar reparación del daño. Actualmente hay una convocatoria para ese encargo y ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) expresó la urgencia de que la ley que fue aprobada en el Estado con 3 años de retraso comience a funcionar.
