Aunque hay quienes niegan que la consulta sobre la permanencia o no de la empresa Constellation Brands no afectará las futuras inversiones, el economista Enrique Rovirosa Miramontes asegura que ya afectó, por la incertidumbre jurídica que existe al respecto.
Debido a la controversia que ha causado la instalación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en el Valle de Mexicali, el gobierno federal decidió hacer una consulta pública, los días 21 y 22 de marzo para decidir su permanencia o no.
El también ex presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, la opinión de la gente es algo que los gobernantes deben tomar en consideración, pero no obstante, en este caso, la consulta para realizar una inversión o no, va en contra del estado de derecho.
“En mi opinión ya afectó, porque en el momento que se está haciendo algo que está fuera de los procedimientos legales, eso contribuye a generar incertidumbre, y lo vemos, los empresarios nacionales internacionales en este momento.
“Tienen mucha incertidumbre en cuanto al cumplimiento del estado de derecho en México, y esto se inició con la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.
La confianza de los inversionistas está mermada, y en caso de que se cancele la inversión, costará mucho dinero, ya que la empresa acudirá a tribunales internacionales donde ganará un pleito que le costará al país miles de millones de dólares.
Rovirosa Miramontes expuso que esto no puede estar sujeto a la voluntad de un pequeño grupo de ciudadanos, por mucho que se quiera tomar en consideración, la encuesta no es representativa además, todavía no se ha divulgado, como debería ser, los beneficios y perjuicios que tendrá la empresa.
“Se trata de una consulta a destiempo, ilegal, y que lejos de apoyar el crecimiento del país, contribuye a mermarlo, yo no le veo ninguna ventaja, salvo a aquellos que quieren sacar provecho político de ello, y lamentablemente la clase política vela por sus intereses y no los del País”.
Esto agrava más la situación económica, ya que el País entrará en recesión este año, provocado por el coronavirus, lo que sucede en los mercados petroleros y de divisas, sector turístico, la consulta debió haberse cancelado por lo que se llama el bien mayor.
“Es lamentable que el gobernador ni la presidenta municipal de Mexicali, no fijen una postura clara, comprometiéndose con el desarrollo económico y con el bienestar de Baja California”.
“Las autoridades están para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, para eso hay procedimientos que se establecen por el Legislativo, leyes reglamentarias, hasta las disposiciones que el mismo Ejecutivo –ya sea a nivel municipal, estatal o federal- impone, ya sean permisos de agua o de suelo”.
Rovirosa Miramontes expuso que a excepción de Coparmex, el sector empresarial se ha visto temeroso en sus declaraciones, deben ser más claros en sus posicionamientos respecto a la consulta.
Aunado a lo anterior, pensaba que la Cuarta Transformación iba a respetar la ley, pero es la primera que lo violenta, por lo que si no les gustan las leyes, entonces que la cambien, aseveró el economista.
Expuso que una empresa que cumple con todos estos requisitos que marca la ley, no debe estar sujeta a la consulta pública, para eso elegimos a los gobernantes, para que sean ellos los que apliquen la ley, y decidan si una inversión procede o no, de lo contrario solo generan caos.
“No se puede sujetar la realización de las inversiones a consulta pública, porque no es el esquema legal, imagínate que se tuviera que consultar por cada una de las inversiones que se realizan, sería una locura, entonces este tema no responde al estado de derecho, sino que es un tema simplemente de carácter político”.
