El llamado al rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para que comparezca ante el Congreso rebasa su autonomía, consideró Martha Ofelia Lobos Rodríguez, directora de la facultad de Turismo y Mercadotecnia.
“La autonomía de la universidad no es algo negociable”, opinó la académica tras resaltar que no está en sus atribuciones hablar sobre el tema.
Y añadió que oficialmente está el acuerdo que tomó el Consejo Universitario de la UABC este lunes y fue publicado en la gaceta universitaria.
En esa publicación, el Consejo Universitario “ordena al rector, sus funcionarios y miembros de órganos de gobierno de la UABC, el abstenerse de acudir a citatorio alguno del Congreso del Estado de Baja California”.
También en un comunicado, el Consejo manifestó su respaldo al rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo “ante los embates dirigidos por la XXIV Legislatura”.
El pasado jueves, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), llamó a comparecer al rector de la Universidad el próximo 13 de diciembre después de que el pleno del Congreso no aprobara la cuenta pública de la universidad que corresponde al 2019.
El Consejo Universitario argumentó que la orden es para no acudir a citatorios “que representen una vulneración a la autonomía universitaria o detrimento a las facultades que la normatividad universitaria ha dotado a este Consejo y que pretendan incidir en la vida interna de la Universidad Autónoma de Baja California”.
En su comunicado también afirma que jamás algún rector de la UABC ha comparecido ante el Poder Legislativo o ante alguna de sus comisiones, “pues está claro que no forma parte de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo”.
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El conflicto entre el Congreso y la universidad ocurre en medio del proceso de selección del nuevo rector de la universidad que tiene a 15 candidaturas en la etapa de comparecencia y que culmina este 16 de diciembre con el nombramiento del sucesor de Valdez Delgadillo.
“La actual legislatura ha pretendido modificar la ley orgánica de esta universidad a efecto de imponer un órgano interno de fiscalización para establecer la paridad de género”, situación que consideran “una intromisión directa a la autonomía universitaria”.
