“Jinetea” Bonilla a Mexicali 562 mdp

Desde el año 2019 el gobierno estatal ha retenido participaciones federales del municipal 

Yerson Martinez | La Voz de la Frontera

  · lunes 4 de octubre de 2021

El gobernador Jaime Bonilla Valdez propuso al Congreso local que el cargo del fiscal general del estado, pase de 6 años a 9 años. | La Voz de la Frontera

El gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha retenido 562 millones de pesos al ayuntamiento de Mexicali en participaciones federales y que el Estado no entera sin aparente justificación desde el año 2019 hasta el presente 2021.

En un documento emitido desde el XXIV ayuntamiento al gobernador y del cual LA VOZ DE LA FRONTERA tiene copia, se desglosa que en el año 2019, dejaron de entregar las aportaciones federales, estatales y contribuciones municipales por un monto de 116.5 millones de pesos más 35.4 millones por recargos.

En el año 2020 no hubo retenciones, pero se generaron 3.3 millones de pesos por intereses o recargos de la deuda del año anterior.

Durante el presente año el Estado no ha entregado 396.4 millones de pesos que además suman otros 10.2 millones de recargos.

EL GLOBAL

En suma el gobierno de Jaime Bonilla Valdez debe al ayuntamiento que encabeza Norma Bustamante Martínez, un total de 562 millones de pesos.

El oficio enviado desglosa que la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación debe entregar las participaciones federales al Estado y cuando se reciben se tiene un plazo máximo de 5 días para que se turnen a los municipios y en caso de haber retrasos, se generan recargos.

Ante dicho escenario, exige el ayuntamiento el pago inmediato del total del adeudo incluyendo los intereses, cuyo oficio va signado por la alcaldesa Bustamante Martínez.

El documento fue turnado no solo a las autoridades estatales como Adalberto González Higuera, Secretario de Hacienda estatal, sino también a figuras como Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda del gobierno federal; a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas; al presidente del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina y al auditor superior del Estado, Jesús García Castro, entre otros funcionarios.