El decreto para la regularización de los llamados autos “chocolate” entró en vigor la tarde del miércoles y concluirá el 20 de julio; una vez cumplido este plazo, se endurecerán las medidas contra aquellos que continúen irregulares.

Lo anterior lo informó por medio de una videoconferencia, el delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien añadió que ya se les acabó la fiesta a aquellas organizaciones que engañaban a la gente.

El gobierno federal publicó el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, con efectos desde ese mismo día.

POR LA SEGURIDAD

El funcionario federal destacó que muchos de los automóviles “chocolate” se han utilizado para cometer delitos, por lo que una de las finalidades de este decreto es la seguridad.

“Lo que sí va a haber después, es un proceso de endurecimiento para recoger todos estos carros, no puede hacerse a rajatabla porque había una necesidad muy grande de estos vehículos para llevar a los hijos a la escuela o para ir al trabajo".

“Pero ahora sí se va a poder poner orden en esto, para que también sean protegidos todos los demás, la ley debe proteger a todos y todos los demás quiere decir el que tiene otro carro y que lo chocaba un vehículo sin seguro, sin nada”.

Es decir, no se puede implementar este decreto, para después volver a regresar a lo mismo, aseveró.

Ruiz Uribe señaló sobre organizaciones como Anapromex, que todas las personas que hayan decidido ampararse con ellos ahora ya pueden obtener su regularización formal para dejar de ser estafados por esos “pillos”, a los que se les va a acabar la fiesta.

Señaló que este tipo de organizaciones han sido protegidas por resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, ya que es imposible que haya gente haciendo cosas tan flagrantemente y que los jueces los protejan.

Ruiz Uribe aclaró que solo serán beneficiados por este decreto, automóviles ensamblados en México, Estados Unidos y Canadá; los de otros países no entran, tampoco modelos de lujo, deportivos, ni blindados.

Los automóviles que amparará este decreto deben encontrarse en el estado y ser de modelo 2014 y más antiguos, además, un ciudadano solo podrá realizar el trámite para un solo vehículo.

Se espera que en Baja California sean alrededor de 500 mil vehículos los que se regularicen.

Por otra parte, la federación no solicita el registro de autos “chocolate” realizado por el gobierno estatal a través del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y por el cual pagaron 1 mil pesos, ya será decisión del propio estado si lo exige o no, al momento de tramitar las placas del vehículo.

El primer paso para realizar la regularización, es que el ciudadano lleve su vehículo ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, para comprobar si no es robado o si ha sido utilizado en la comisión de un delito.

Luego se deberá acudir ante una agencia aduanal para la realización del trámite que será de 2 mil 500 pesos y una vez lograda la importación, hacer los trámites conducentes ante el gobierno estatal para la expedición de las placas y la tarjeta de circulación.

Los recursos que se obtengan a través de este decreto serán enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encargará de distribuirlos a los municipios, proporcionalmente al número de vehículos que se hayan regularizado en cada comunidad.

El recurso se utilizará principalmente para tapar baches y la pavimentación de vialidades, ya que era lo que siempre le solicitaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero será canalizado a los municipios por la federación, para que los presidentes municipales no se emocionen y remodelen sus oficinas o compren vehículos de lujo.

El decreto establece que se podrá obtener el beneficio cuando el vehículo se encuentre en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y no se cuente con el documento que acredite su legal estancia en el país.

También que el propietario que realice la importación sea persona física, mayor de edad, residente en el territorio de los estados ya mencionados y deberá presentar una manifestación bajo protesta de decir verdad de que el vehículo no no es robado o si ha sido utilizado en la comisión de un delito.