La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) inició una investigación contra 73 funcionarios del Gobierno del Estado que omitieron presentar su declaración patrimonial, obligación para quienes fungen como titulares de área y administradores de recursos.
Tras concluir el plazo que tuvieron los 8 mil 911 trabajadores sujetos a la Declaración de Situación de Modificación Patrimonial, la dependencia estatal concluyó que el 98.18% cumplió con el procedimiento.
Francisco Postlethwaite Duhagón, titular de la dependencia, informó que el incumplimiento del 0.82% representa a 73 funcionarios que deberán enfrentar una sanción, tal como lo marca la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente para el Estado.
La ley establece un apartado de sanciones administrativas específicas que pueden ir desde amonestación pública o privada así como la suspensión de empleo, cargo o comisión de uno a treinta días naturales o bien la destitución del empleo, cargo o comisión.
En el 2017 la SCTG abrió 50 expedientes a servidores públicos por no presentar su declaración anual, mismos que fueron amonestados.