El Centro de Justicia para Mujeres, cuya construcción en Tijuana costó el año pasado 34 millones de pesos al gobierno del estado es solo un cascaron, pues el edificio permanece hueco y no cumple con las funciones que le corresponden.
Por ley, en 2015 el Poder Ejecutivo fue obligado a levantar un centro de atención exclusivo para mujeres, responsabilidad que se cumplió, pero hasta finales del año pasado cuando el panista Francisco Vega de Lamadrid estaba a días de culminar su gestión.
En la actual administración a cargo de Jaime Bonilla Valdez ni el Instituto de la Mujer, ni la Fiscalía General ni la nueva Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género tienen claro cuándo y cómo va a funcionar.
Para Rebeca Maltos, activista de género y directora de la asociación civil Gente Diversa, la inoperación del Centro de Justicia para Mujeres solo refleja la indiferencia de las autoridades ante el tema de la violencia de género.
Aún más grave considera que las actuales autoridades no conozcan las funciones del centro donde deben instalarse todas las instancias con las que se atiende y previene la violencia hacia las mujeres.
“Se trata de un proyecto integral, por ejemplo el Instituto de la Mujer ahí debe estar, también asesoría en todo lo de pensiones alimenticias, espacios de guardería y el DIF.
“Se trata de garantizar el acceso a la justicia, pero también una mujer en situación de pobreza extrema podría ir al centro y recibir asesoría sobre un proyecto productivo o becas de la Secretaría del Bienestar”.
Maltos refirió que la administración pasada solo postergó la construcción del centro y simuló hacer acciones a favor de la atención, prevención y erradicación de la violencia que padecen las mujeres, mientras la actual administración no ha tomado las riendas del tema.
“No se ha hecho con la seriedad que requiere este tipo de proyectos, hicieron un edificio en un lugar no adecuado, nunca se socializó ni hay campañas de difusión sobre los servicios que maneja para que las mujeres los conozcan”.
En lo que va de este año en Baja California han sido asesinadas 27 mujeres, cinco de ellas en Mexicali.
La activista de género rechazó además que las dependencias “pateen el bote” sobre lo que les toca o no en la atención a la violencia de género.