Un reportaje publicado en La Voz de la Frontera referente a la falta de funcionamiento de unas torres de salvamento instaladas en la Laguna Salada, ha generado una investigación de oficio por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Lo anterior lo manifestó el comisionado estatal de los Derechos Humanos en Baja California, Álvaro Ochoa Orduño, quien aclaró que en este caso no se emitirá ninguna recomendación sino que se le solicitará a la autoridad estatal que le dé mantenimiento a estas estructuras.
Durante su presentación en la reunión semanal del Grupo Madrugadores de Mexicali, el ombudsperson estatal comentó que Mexicali ha estado abandonado por los anteriores comisionados, ya que la mayor parte de los asuntos se concentran en Tijuana.
Es por ello que quieren tener más presencia en la capital del estado; les interesa mucho, por lo que próximamente firmarán un convenio de colaboración con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para tales efectos.
Recordó que en una nota publicada el 1 de abril en La Voz de la Frontera, se hace referencia a unos postes de salvamento que fueron instalados en la Laguna Salada, y que se encuentran en muy malas condiciones, tanto así, que ya no cumplen con la función por la que fueron colocados por grupos de rescatistas.
El objetivo de esos postes era que personas en situación de emergencia en esa zona pudieran emitir una señal de alerta, dar su ubicación e hidratarse.
La CEDH, dijo Ochoa Orduño, ha iniciado una investigación, para lo cual se han entrevistado con un grupo de rescate como Aguiluchos, y poder establecer en qué momento estas estructuras pasaron a responsabilidad del gobierno del estado.
EL REPORTAJE
La Voz de la Frontera publicó el 1 de abril que el comandante del Grupo de Rescate Aguiluchos, Arturo López Muñoz, informó que los postes tenían un año sin funcionar.
Estas estructuras fueron colocadas en el año 2010 por el Radio Club VHF, se entregaron al C4 para su operación y en tan solo cuatro años salvaron 70 vidas.
En el 2015 solicitaron ayuda a diputados para conseguir recursos para su mantenimiento, incluso el legislador Juan Manuel Molina asistió para comenzar gestiones, pero posteriormente no hubo más acción del grupo civil.
La idea original era instalar 30 postes, aunque al final sólo se colocaron nueve, financiados con recurso de la sociedad civil.