Otros dos ex funcionarios estatales fueron inhabilitados por tres años, por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por abuso de funciones, informó la secretaria de Honestidad y la Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas.
Con ellos suman tres los ex-funcionarios inhabilitados por el TEJA, en relación al proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali, anunciado durante la administración del actual senador Jaime Bonilla Valdez.
Aunque no se dieron a conocer nombres, la funcionaria estatal afirmó que uno de los sancionados fungió como oficial mayor y secretario de Hacienda durante la pasada administración, mientras que el segundo fue titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa).
“Obviamente se van a defender y están impugnando, pero seguimos trabajando para que queden firmes esas resoluciones”, manifestó.
Del Villar Casas explicó que hay cinco carpetas de investigación abiertas en el TEJA, en relación al caso Next Energy, de las cuales tres ya cuentan con una resolución y las otras dos están pendientes.
La primera inhabilitación, también por abuso de funciones, se dió en diciembre de 2023, en contra de una persona que por un tiempo fungió como oficial mayor.
Sobre los dos casos pendientes de resolución por parte del TEJA, la funcionaria estatal señaló que uno de los investigados fue director general de la Comisión Estatal de Energía y el otro fungió como gobernador.
Recordó que estas sanciones derivan de un procedimiento administrativo, sin embargo, podría convertirse en un tema penal.
“Hasta el momento únicamente pudimos comprobar materia administrativa, lo penal le corresponde al fiscal”, aclaró.
Por su parte, Maria Elena Andrade Ramírez, fiscal general en Baja California, confirmó que se mantienen al pendiente del avance en las investigaciones de la Secretaría de Honestidad, y que de ser necesario se harán las denuncias correspondientes.
“No se descarta en ningún momento abrir carpeta penal”, dijo.
La planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali fue uno de los proyectos insignia de la administración de Bonilla Valdez (2019-2021), cancelado por el gobierno actual al considerarlo lesivo para el estado.
Según declaraciones de las autoridades, continuar esa obra habría significado un daño patrimonial de 37 mil millones de pesos a las arcas de Baja California, sin embargo, solo se reconocieron 12 mil millones.
En consecuencia, las autoridades estatales iniciaron un proceso penal en contra de 10 personas por su presunta participación en el caso, lo que derivó en la vinculación a proceso de exfuncionarios públicos y directivos bancarios.
