Tijuana.- Los indígenas privados de su libertad enfrentan una serie de problemas ajenos a su situación jurídica a causa de su origen étnico, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su informe actual de actividades del 2018, destacó que son discriminados por los internos, les falta información sobre sus derechos y “falta apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores de su lengua”.
En Baja California, según el Diagnóstico estatal del sistema penitenciario 2018-2019, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron registrados 71 personas indígenas privadas de su libertad.
Con 48 casos, Ensenada fue la ciudad con la cifra más alta en el estado, seguida por “El hongo I” con 9; “El hongo II”, 6; Tijuana con 5, y Mexicali con 3.
“El sistema penitenciario deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas indígenas”, dijo la CEDH en su diagnóstico, y lo mismo había sugerido en la edición del 2017.
