Inspirada en una reforma de ley de Argentina llamada Ley Micaela, la Ley Daryela, busca que en materia de capacitación en violencia de género se aplique una estrategia estatal para que, de manera obligatoria, todas las personas servidoras públicas sean capacitadas, con renovación de capacitación cada año.
Lo anterior lo manifestó la diputada inicialista Liliana Michel Sánchez Allende durante la presentación de la Ley Daryela, en el marco del 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
La diputada Liliana Michel Sánchez enunció que las capacitaciones serían para el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y municipios de manera obligatoria en temas de prevención y erradicación de las violencias.
“Habrá instancias que son más fáciles de capacitar porque es la naturaleza de la institución pero habrá otras que no lo son y es importante transversalizar esta perspectiva, es decir, que todas las instituciones se pongan las gafas violetas y puedan ver las desigualdades”.
Así mismo, la legisladora mencionó que todas las personas servidoras públicas emiten algún insumo, como sentencias, resolución, ley o política pública, a lo cual para garantizar que de manera obligatoria lo hagan es importante hacer un marco regulatorio.
Michel Allende indicó que el Poder Judicial ha sido uno de los entes con los que más han colaborado ya que tiene grandes ejemplos en el que no utilizaron la perspectiva de género, recordando el caso de Alina, donde el juez que atendió el caso no tenía ninguna capacitación en perspectiva de género.
“Nosotros también peleamos porque se creara la Ley Alina y que la perspectiva de género se pueda analizar de manera obligada, entonces no todos los jueces y juezas están capacitados”, agregó.
SANCIONES A QUIEN NO SE CAPACITE
La diputada Michel Sánchez comentó que en caso de que algún funcionario público no se capacite no podrá ascender a otro cargo o en el caso del Poder Judicial no se ratificaría a jueces y juezas, en donde se tendrá un año natural para que se capaciten.
“En el segundo año es cuando ya empiezan los apercibimientos, oye sabes que tú no te capacitaste, no asististe a los eventos, se les notificará y ya entra en juego la Secretaría de la Honestidad para que puedan emitir incluso una suspensión”, agregó.
También, externó que le toca al congreso gestionar el recurso para dicha Ley, ya que ninguna ley puede pasar si no tienen la viabilidad presupuestal, en el caso de la Ley Daryela lo que se buscará el siguiente año es que se le tome en cuenta.
“La idea es que el Instituto de la Mujer encabece los trabajos, entonces hay que fortalecer al instituto para ayudarles a tener más recursos y ellos crearían la estrategia estatal de capacitación obligatoria y capacitarán a las unidades de género de cada institución para que ellos capaciten a su personal” puntualizó.
Finalmente, el proceso para la aprobación de la Ley apenas está en un proceso de análisis, las instituciones tienen un año para empezar a crear sus unidades de género y 90 días para el reglamento para el poder ejecutivo.
