Después que le fue negada su participación como candidato a la dirigencia estatal del PRI, Álvaro Aldrete Gruel anunció que impugnará el proceso, ya que considera que hubo muchas marrullerías, deja la dirigencia municipal del Partido pero aclara, no se va del tricolor, ya que él sí es un priista de verdad.
Después de una apurada convocatoria lanzada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para la elección del presidente estatal que termine el periodo de Carlos Jiménez (2019-2023), quien fue expulsado del Partido por apoyar al candidato del PES a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, este sábado se realizó la asamblea del Consejo Político Estatal, que elegirá al dirigente estatal.
Este viernes se realizó el registro de los aspirantes a la dirigencia estatal, en la que Aldrete Gruel y Guadalupe Gutiérrez Fregoso, fueron los únicos en anotarse.
Sin embargo, el Consejo Electoral del Partido, anunció que la candidatura de Aldrete Gruel no fue aceptada, debido a que no cumplió con todos los requisitos.
“El PRI de Baja California tendría que leer nuestro lema que es Democracia y Justicia Social, lo único que están logrando con esto es una división más, pareciera que la consigna del PRI actual de Baja California es sepultarlo.
“No están permitiendo que nosotros los jóvenes como activos, como miembros, como consejeros participemos, y si esta elección se hubiera dado abierta, yo gano 10 votos a uno a cualquiera de las fórmulas inscritas, me quedo con el apoyo de mis compañeros militantes y consejeros que no van a legitimar una dirigencia como la que está por tomar protesta.
“Estoy muy dolido, estoy muy triste, es increíble que en el PRI de Baja California de que con este tipo de viejas prácticas, vamos a seguir sepultando al Partido, que lástima que no nos den oportunidad, que lástima que no haya apertura, que lástima que no hagan honor al lema del Partido Revolucionario Institucional”.
Este es uno de los procesos más desaseados y más desorganizados que ha visto, tienen como 10 o 12 motivos para la impugnación, es una lástima que vayan a pelear en tribunales un derecho que tienen, violentando sus derechos político-electorales como consejeros, como miembros y como mexicanos.