Impugnación a candidatura de Burgueño debe resolverse antes del 2 de junio

El recurso de impugnación será presentado sólo a nivel local

Christian Galarza / La Voz de la Frontera

  · martes 21 de mayo de 2024

Ismael Burgueño | Foto: Sergio Caro | La Voz de la Frontera

Las impugnaciones que se presenten en contra de la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana por Morena de Ismael Burgueño Ruíz deberán resolverse antes del día de las elecciones el 2 de junio, indicó el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Joel Blas Ramos.

Mencionó que, por instrucciones del PRI a nivel nacional, el recurso de impugnación que presentarán será a nivel local, ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC).

El viernes 17 de mayo el IEEBC ratificó la candidatura de Ismael Burgueño luego de que el TJEBC la revocara por presuntamente contar con una sentencia firme como deudor alimentario. Al respecto, al IEEBC le notificó el primer juzgado familiar que ya había saldado dicha deuda, aunque aparentemente esto ocurrió después de haber iniciado campaña.

En ese sentido, Blas Ramos mencionó que este lunes el IEEBC notificó a los partidos políticos sobre el resultado oficial, por lo que cuentan con 5 días para presentar un recurso de impugnación.

Mencionó que, aunque queden cerca de 10 días para culminar el proceso electoral, el IEEBC y el TJEBC tienen la obligación de resolver el caso antes del 2 de junio.

“Los actos, jurídicamente, si tienen que ser antes del día de la elección (...), el fallo se va dar, si o si, antes del día de la elección”, expresó.

Por su parte, la diputada del Congreso del Estado por Morena, Michel Sánchez Allende, consideró que el partido debe cuidar esos “detalles y formas” para ser congruentes con la reformas que promueven. Toda vez que ella fue la diputada inicialista de la ley que prohíbe a los ciudadanos buscar un cargo público si tienen una sentencia firme como deudor alimentario.

Asimismo, comentó que este tipo de situaciones sirven de experiencia para realizar futuras reformas a la misma ley y que ningún deudor alimentario llegue a un cargo público.