No ceder en los temas de paridad de género ni en el avance de la participación de las mujeres en la política es lo que se requiere para el Proceso Electoral 2023-2024, tanto a nivel federal como local, aseguró la directora de Gente Diversa, Rebeca Maltos Garza.
Ante el arranque del proceso electoral federal y el próximo inicio del proceso local, la activista mexicalense resaltó que en otras entidades se revirtió la paridad alcanzada al siguiente proceso electoral, y llamó a cuidar que este no sea el caso en Baja California.
Asimismo, hizo un llamado a los organismos electorales y a la propia ciudadanía para mantenerse vigilantes en casos de violencia política de género hacia la mujer, para que el sistema de protección a las futuras candidatas funcione.
“Que no se dé en el 24, que no la veamos, pero que si hubiere, existan los procedimientos especiales sancionadores y los juicios de protección de derechos políticos y las medidas cautelares que se expidan de manera rápida, rauda, veloz”
Maltos Garza puntualizó además que los propios partidos políticos deben poner de su parte para asegurarse de que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones durante el próximo proceso electoral, ejerciendo bien los recursos de capacitación tanto para las mujeres como para los hombres.
Las elecciones de 2024 serán además las primeras en las que se implementará la prohibición de que los ciudadanos sentenciados por violencia política de género, delitos sexuales, violencia familiar o por ser deudores alimentarios puedan registrarse como candidatos a un puesto de elección popular.
Esta situación fue celebrada por Maltos Garza, quien puntualizó que deben ser los propios partidos que desde su definición de candidaturas investiguen a sus militantes y eviten que se presenten como candidatos a un cargo.
De opinión diferente fue la abogada Fernanda Olguín, integrante de los colectivos feministas que en septiembre de este año realizaron un “Tendedero de Deudores Alimentarios” a las afueras del Poder Judicial del Estado.
La activista consideró que la medida no será un incentivo para que los padres cumplan con sus obligaciones, ya que muchos de ellos no llegan a ser sentenciados por el incumplimiento.