Ante los amparos presentados por comercios en Baja California, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) queda sin competencia para revisar, visitar y decomisar productos a aquellos que se encuentren realizando la venta de vapeadores, reconocieron autoridades.
Rosario Evaristo Ruíz Palafox, director de Control Sanitario de Coepris en la entidad, recordó que por decreto la venta de vapeadores está prohibida en México y es parte de sus actividades diarias acudir a establecimientos a verificar que cumplan con la prohibición.
Sin embargo, reconoció, en el caso de los comercios amparados la dependencia no tiene más opción que suspender cualquier acción de vigilancia contra el comercio en específico, a pesar de que la venta de vapeadores ocurre a simple vista.
“El amparo nada más le sirve a quien lo promueve, no es una cuestión de ordenamiento general, es particular, entonces una vez que nos muestran que hay una suspensión provisional de parte de un juez en contra de nuestros actos de autoridad, nosotros tenemos que suspenderlo de manera momentánea hasta que el juez resuelve si le otorga el amparo”, indicó.
Aunque se desconoce exactamente cuántos comercios en Baja California cuentan ya con un amparo para la venta de vapeadores, se sabe que existen farmacias, tiendas de autoservicio y grandes cadenas como Sanborns que han presentado el amparo.
Desde La Voz de la Frontera se realizó una investigación de campo en distintas cadenas comerciales, detectando que en al menos 4 franquicias nacionales se venden abiertamente cigarros electrónicos o vapeadores desechables, dos de éstas son tiendas de autoservicio, una tienda departamental (Sanborns) y una de farmacias.
Casualmente, las cuatro franquicias venden la misma marca de cigarros electrónicos, Vuse, con precios similares que van desde los 150 hasta los 300 pesos.
Además de dichas franquicias, a nivel local también se detectaron dos cadenas comerciales tipo “smoke shop” que comercializan con otro tipo de marcas de vapeadores desechables y otros más recargables. En el caso de los desechables, los precios oscilan entre los 400 y los 590 pesos, mientras los cigarros electrónicos recargables pueden llegar a costar hasta mil 400 pesos.
AMPAROS EN REVISIÓN
En otra solicitud de información, con número 330030524001177, se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviar información sobre los amparos otorgados en esta materia.
La autoridad judicial reveló que existen tres amparos en revisión, de los cuales dos ya obtuvieron resoluciones a favor. El primero de ellos, promovido en febrero de 2022 con número de expediente 81/2022, se concedió en contra del primer decreto que prohíbe la exportación y distribución de cigarros electrónicos. El segundo amparo fue solicitado en julio de 2023 con número 636/2023, mismo que se resolvió a favor del solicitante, amparándolo en contra de la prohibición de comercializar los cigarrillos electrónicos.
El último amparo promovido hasta mayo del presente año aún se encuentra en trámite, por lo que no se emitió resolución hasta el momento, pero también va en contra de los decretos que prohíben la exportación, distribución y comercialización de dichos productos.
DESCARTA CANACO CASOS A NIVEL LOCAL
El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Mexicali, José Antonio Villa González, afirmó que desde el organismo empresarial se ha buscado desmotivar la venta de vapeadores entre sus afiliados.
“Internamente les sugerimos a quienes estaban comercializando que mejor no se metieran en esa área, apoyamos incluso a la Secretaría de Salud estatal para hacer un evento en nuestra Cámara y a diversos afiliados los nombramos edificios libres de humo, para desmotivar esa situación”, externó.
Confirmó además que al menos en su unidad de Mexicali no tienen registro de que alguno de sus afiliados cuenten con un amparo para la venta de estos productos, o al menos ninguno de ellos les ha informado sobre este trámite.
PUBLICACIÓN EN EL DOF
El 22 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se modificó la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que prohíbe la importación y exportación de cigarros electrónicos y vaporizadores similares.
Posteriormente, el 31 de mayo de 2022 se publicó otro decreto en el que se prohibió la circulación y comercialización de dichos productos en todo el país, esto bajo el supuesto de defender la salud pública de los habitantes.
La presidenta de Elementa DDHH en México, Renata Demichelis Avila, señaló que las políticas prohibitivas en cualquier sustancia, son “el camino fácil”, ya que no requiere esfuerzo económico o científico. Sin embargo, han resultado ser las menos eficientes.
“En el caso de prohibir, por ejemplo, las drogas, la prohibición no ha generado por lo menos los dos objetivos que se pretenden, que son reducir la oferta de sustancias que hay en el mercado y reducir el consumo. No ha sucedido ninguna de esas dos cosas”, expresó.
Comentó que las políticas prohibicionistas resultan ser de igual manera populares, ya que gran parte de la sociedad simpatiza con las prácticas punitivas.
Además, aseveró, dichas políticas también generan mercados ilícitos, falta de control sobre la sustancia y desconocimiento general sobre los efectos de las mismas.
“A ver, son alarmantes las consecuencias que está generando el uso de ese tipo de cigarros, pero también sabemos muy poco al respecto y no hay ningún tipo de política implementada para su prevención”, manifestó.