Frente a medios de comunicación, el señalado como presunto responsable del desfalco de 3 millones de pesos de la dirección Desarrollo Social Municipal (Desom), ahora conocida como Bienestar Social Municipal, reveló su versión, asegurando que existen muchas inconsistencias en la carpeta de investigación en la cual se le responsabiliza injustamente por dicho robo que ocurrió de manera virtual.
En rueda de prensa, Jesús Enrique, ex empleado administrativo de la paramunicipal mencionada, manifestó que no fue responsable de dicho robo, asegurando que él desconocía de leyes y que inicialmente había acordado con una representante del área jurídica del Ayuntamiento que solamente haría un primer pago como parte del acuerdo reparatorio.
Su nuevo abogado, Fernando Rosales, explicó que en este caso debió prevalecer el principio de inocencia previsto en la constitución, lo cual no se cumplió, por lo que al haber tenido inicialmente una defensa inadecuada por parte de un defensor de oficio, buscarán una reposición del procedimiento mediante la vía del amparo, el cual ya se interpuso pero no se ha dado una respuesta si se otorgará a favor de Jesús Enrique.
El también catedrático afirmó que no se puede ir a juicio con una defensa inadecuada y aquí la defensoría pública fue omisa al permitir que se llevara una audiencia sin conocer la carpeta de investigación.
Por la falta de diligencia y otras irregularidades, dijo que se interpondrá una nueva denuncia penal el lunes entrante, cuyos resultados pueden arrojar datos de prueba importantes, toda vez que en el actual proceso en el que se implicó a Jesús Enrique, hubo mucha prisa en fincar responsabilidades, sin todavía saber qué pasó con los 3 millones de pesos.
Rosales afirmó que evidentemente, se pretendía proteger a alguien, puesto que el informe que envió la Comisión Nacional Bancaria, esa institución pedía que se les enviará un número de cuenta, para lo cual la Fiscalía General del Estado dio un número incorrecto, dando dígitos de más y que nunca aclaró.
“Banco Azteca le dice, te voy a informar, quién es el titular de la cuenta, cómo dispusieron de ese dinero y quién lo hizo, pero envíame correctamente los dígitos. Es decir, la cuenta es de 14 dígitos, no de 20 dígitos, esto fue recibido en marzo 29 de 2021 y la Fiscalía no tuvo el cuidado, insisto, porque no quiso llegar a saber quien era el titular de esta cuenta”, expresó.
Otra irregularidad que encontró Rosales en la carpeta, fue que hubo una violación importante de uno de los titulares de Informática, de nombre Manuel, quien después que la titular de la paramunicipal, la ahora diputada Alejandra Ang Hernández, le pidió que revisará las tres computadoras que tenían acceso a las cuentas de Bisom, como si supiera que iba a encontrar algo.
“Y efectivamente cuando revisan las computadoras, advierte que en una computadora existe un software instalado a control remoto, que es el que dice el señor (Jesús Enrique) y de esa máquina se hizo el depósito de 3 millones de pesos y esa máquina no es a la que tenía acceso el señor, esa máquina era de otra persona”.
En Derecho Administrativo, Rosales consideró que la responsable del robo era Ang Hernández, al menos en el sentido administrativo, ya que para la Comisión Nacional Bancaria, ella era la responsable de la cuenta.
“La reparación del daño debe ser integral, que este Ayuntamiento y el anterior Ayuntamiento no quisieron investigar; y sindicatura (tampoco), mucho menos la Fiscalía”, expresó.
CONFLICTO DE INTERESES
En este caso también existen diferentes personas involucradas que todavía cuentan con un cargo público, dijo Rosales, entre estos, el ex fiscal de Mexicali y ahora titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Pedro Mendívil García, quien fue omiso al no dar el número de cuenta correcta a la Comisión Nacional Bancaria.
También figura el ex Oficial Mayor del Ayuntamiento, Juan José Pon Méndez, quien ahora es responsable del área de la Defensoría Pública que ofreció el gobierno estatal al señor Jesús Enrique y que en aquel momento, fue el que lo removió del cargo a Jesús Enrique.
EL PROCESO
Al no haber cumplido con el segundo pago de 83 mil pesos del acuerdo reparatorio, Rosales explicó que próximamente se llevará a cabo un juicio oral, para el cual todavía no hay fecha.
Jesús Enrique en mayo tuvo una audiencia de modificación de audiencia intermedia, pero ahora tiene la obligación de ofrecer sus pruebas en el próximo juicio oral.
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VARIAS PERSONAS TENÍAN ACCESO
El señor Jesús Enrique insistió en que había varias personas que tenían acceso a las cuentas. Exactamente, había dos juegos del dispositivo token del banco, uno de estos era el que estaba bajo su resguardo.
También hay una persona que les ayudaba a realizar transferencias bancarias y pago a proveedores, sin embargo, admitió que la ahora diputada Ang no tenía acceso al dispositivo.
ÉL NO PROPUSO EL ACUERDO REPARATORIO
Sobre el acuerdo reparatorio, Jesús Enrique manifestó que él tuvo pláticas con la representante del departamento jurídico del Ayuntamiento, una licenciada llamada Paola Silvia Uribe, para ver la posibilidad de llegar a un consenso con el fin de evitar continuar con el proceso penal.
A él se le había dicho que hiciera únicamente el pago de la primera parcialidad y que posteriormente, no se iba a dar aviso del incumplimiento del acuerdo reparatorio.
“Estuvimos platicando, yo desconocía las leyes, de ese tipo de acuerdos y la verdad yo no tenía conocimiento de cómo se manejaba esta situación de los acuerdos, la propuesta fue por parte del Ayuntamiento”, afirmó.
