Después que un colectivo de búsqueda solicitó un amparo por la falta de respuesta por parte de autoridades para dar seguimiento a la petición que hicieron de unas reformas a la ley en materia de desaparecidos, el diputado Juan Manuel Molina García aseguró que al menos en lo personal, sí mantiene coordinación con el grupo liderado por Irma Leyva.

El morenista aseguró que ha recibido a los colectivos y una solicitud de gestión para que exista un mayor equipamiento en el proceso de búsqueda de personas de Baja California, en sus oficinas.

Molina destacó que el tema ya está en comisiones y que las observaciones fueron también remitidas al Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda que es financiada con recursos de la Secretaría General de Gobierno.

“Se remitió a la Secretaría de Gobierno y a la Comisión de búsqueda de personas de la peticiones que ellas hicieron, lo que pasa es que este es un trámite y nosotros tenemos que informarles de la gestión, al menos la señora Irma Leyva, de manera verbal ya lo sabe, que ya se les respondió en esta parte, y bueno, si es por escrito, de manera directa, lo que te puedo afirmar es que ellas lo conocen, pero necesitábamos también el sello de recibido para completar la gestión e informarles del trámite completo”, explicó Molina.

El también presidente de la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, insistió en que desconoce el sentido del amparo y que está a favor de que se busquen nuevos esquemas de búsqueda para encontrar a las personas desaparecidas, por lo que pidió paciencia en el trabajo que realizan las autoridades.

“No significa que no se esté trabajando y hasta la expedición de la ley, la fiscalía ha hecho su esfuerzo creando una fiscalía especializada en el tema; he recibido a integrantes de quienes fundaron a este colectivo, sobre todo a Irma Leyva en tres ocasiones recientemente”, finalizó Molina.

El miércoles pasado, el colectivo Madres Unidas y Fuertes solicitó un amparo en contra del Congreso local, el gobierno estatal y el Ayuntamiento por la falta de contestación sobre los avances de la ley en desaparición forzada, lo cual fue exigido por las activistas Irma Leyva y Soraya Ana, madres de Diego Alonso Hernández Leyva y Kevin Moreno Ana respectivamente, quienes están desaparecidos.