Jueces federales y fiscalías estatales trabajan en colusión para liberar delincuentes, aseveró el Delegado Federal Único de Baja California, Alejandro Ruíz Uribe.

Asimismo, expuso los casos de seis jueces vinculados a hechos delictivos en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

El pasado lunes 24 de junio el magistrado Jorge Alberto Garza Chávez, del Primer Tribunal Colegiado del XV Circuito, señaló que la mayoría de las liberaciones que otorgan los jueces federales en Baja California se deben a que se realizaron de manera errónea o ilegal las detenciones de los presuntos delincuentes.

Al respecto, Ruíz Uribe señaló que estos casos se tratan de “colusiones” entre jueces y fiscales, con el objetivo de liberar a los presuntos infractores.

“Se pone de acuerdo el juez con el Ministerio Público para que le falte una coma en donde no le debe faltar, y entonces se levanta mal el IPH, o está bien levantado pero se la inventan (...), claro que hay esa colusión entre autoridades de las fiscalías con los propios jueces”, manifestó.

Ruíz Uribe indicó que este tipo de casos se deben a una falla en el sistema de justicia implementado a nivel federal.

Durante su rueda de prensa, el Delegado Federal expuso el caso Gregorio Salazar Hernández Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, quien dejó en libertad a Janneth “N”, investigada por Delincuencia Organizada y Peculado por el presunto desvío 5 mil 112 millones de pesos.

Asimismo, mencionó a María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le otorgó un amparo a Cuauhtémoc “N”, procesado por el delito de Trata de personas.

También relató el caso de Carlos Alberto Martínez Hernández, Hanz Eduardo López Muñoz y Eustacio Esteban Salinas Wolberg, magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa en Querétaro, que votaron por suspender la prisión preventiva en contra de 3 personas detenidas por autoridades federales tras un enfrentamiento armado.

Sobre el mismo caso, agregó que la jueza María del Refugio Castañeda Guillen, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, también colaboró en cambiar las medidas cautelares de los detenidos a su favor.