Una pena de hasta 37 años para ex-funcionarios públicos y de hasta 12 años para particulares es lo que se podría alcanzar en el juicio del caso Next Energy, en el que ya se dieron ocho actos de apertura a juicio oral, informó el consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon Méndez.
Durante el desahogo de la Glosa de la Consejería Jurídica ante el Congreso del Estado, el funcionario estatal afirmó que de los ocho actos de apertura a juicio oral cinco son contra ex-funcionarios de la administración anterior, encabezada por Jaime Bonilla Valdez, y tres más contra particulares a que habrían participado en el proyecto de la planta fotovoltaica.
Vinculación de ex-funcionarios
Guadalupe Ricardo Rodríguez, subconsejera jurídica, resaltó que este año se logró la vinculación de los ex-funcionarios por el delito de abuso de autoridad, que originalmente había quedado descartado por el juez de control.
“Inicialmente había considerado el juez de control que no se actualizaban los elementos del delito pero el Tribunal Superior de Justicia revocó esta negativa y los vinculó por un nuevo delito, y con estos tres delitos suma una pena de 37 años para los funcionarios y los particulares un total de 12 años, porque algunos delitos de corrupción no contemplan figuras para particulares”
Retraso en juicios
La funcionaria indicó además que estos juicios orales han sido retrasados por la presentación de al menos 37 recursos de amparo a nivel federal entre todos los acusados, y es necesario que se resuelvan para continuar con el proceso.
“Estamos en espera de que estos recursos se resuelvan, y estos recursos tienen la intención no solo de dilatar el procedimiento, sino de anular todo lo que se ha logrado”
Ante el cuestionamiento del diputado morenista Jaime Cantón los representantes de la Consejería Jurídica del Estado reconocieron que la planta fotovoltaica era, desde el primer momento, inviable, pues además de no contar con los permisos afectaría a todo el sistema eléctrico nacional.
Proyecto inviable
Por su parte, Pon Méndez afirmó que el tema de la inviabilidad era de pleno conocimiento de los representantes de la administración anterior y aun así ellos quisieron continuar con el proyecto, lo cual habría generado un desfalco al Estado de, al menos, 4 mil 200 millones de pesos.
“Si no hubiéramos actuado como nos lo solicitó la gobernadora de una manera oportuna hubiéramos pagado más de 4 mil 200 millones de pesos, ese es el ahorro que hemos logrado o el desfalco que hemos evitado para el estado”
Desaladora
En cuanto al proyecto de la planta desaladora de Playas de Rosarito, el consejero jurídico resaltó la conclusión del conflicto con la empresa Consolidated Water, la cual demandó un pago de 50 millones de dólares por la terminación del contrato para la construcción de la planta.
“Pudo haber ascendido hasta los 100 millones de dólares, si hubieran procedido también el pago de daños y perjuicios”
Méndez recordó que el Gobierno Federal, por medio del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), apoyó con un recurso de 796 millones de pesos, y aseguró que no se tuvieron que pagar multas o recargos por este tema.
De acuerdo a lo señalado por el funcionario, la mayoría del recurso Federal se destinó a la compra de un terreno de alrededor de 201 mil metros cuadrados en la colonia Ejido Mazatlán, en Playas de Rosarito, donde se llevará a cabo la construcción de la desaladora, mientras que el resto se gastó en licencias, permisos y la elaboración de estudios necesarios para el desarrollo del proyecto.