Para el próximo 13 de junio está programada la audiencia intermedia de tres de las 10 personas vinculadas a proceso en relación al caso de la planta fotovoltaica de Next Energy, confirmó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez.

Se trata de Luis Salomón “N”, Adalberto “N” y Pablo Alonso “N”, los tres ex-funcionarios públicos relacionados a las áreas de la Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor, mientras que la audiencia del resto de los implicados se programará en fechas distintas.

“Esta audiencia intermedia lo que busca es verificar la pertinencia de las pruebas”, indicó.

Actualmente hay siete ex-funcionarios públicos de la pasada administración estatal vinculados a proceso, además de tres particulares relacionados a empresas que participaron en el proyecto, pero no a la institución bancaria encargada del fideicomiso.

“Todos ellos, los 10, han promovido un amparo en contra del auto de vinculación, a la fecha se han resuelto dos amparos, y esos dos amparos determinaron que la vinculación fue apegada a derecho”

Los dos amparos que fueron resueltos son los de Julio Alfredo “N”, un ciudadano, y Octavio “N”, un ex-funcionario público, de acuerdo a lo dicho por Pon Méndez.

Aún sin comparecer

En el caso de los representantes de la institución bancaria encargada del fideicomiso de la planta fotovoltaica, cuyo nombre no puede ser mencionado por una orden judicial, el consejero jurídico confirmó que aún no se ha llevado a cabo la audiencia inicial.

Ante esta situación se emitieron órdenes de aprehensión en contra de dos representantes de la banca, Nabor “N” y David Alejandro “N”, quienes fueron acusados por la autoridad estatal por el delito de abuso de retención, al no devolver 123 millones de pesos retenidos de las participaciones federales de Baja California para el proyecto de la planta fotovoltaica.

Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a tomar el caso, la banca promovió un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Monterrey y el Juzgado Quinto de Distrito en Mexicali, con intención de que determinara la validez de las órdenes de aprehensión.

De acuerdo a lo señalado por Pon Méndez, será hasta que estas autoridades resuelvan el recurso iniciado por la institución bancaria cuando se determine si se mantienen las órdenes de aprehensión y se fije una nueva fecha para la audiencia inicial.

Asimismo, el funcionario confirmó que la institución aún no ha devuelto los 123 millones de pesos retenidos a Baja California, con la idea de recuperar no sólo este recurso, sino también los rendimientos generados hasta el momento, que se calcula alcanzan los ocho millones de pesos.