Si ya se tomó la decisión de aumentar la tarifa del transporte público a 21 pesos es porque ya debieron verificar que todos los camiones cuenten con el uso de lector de tarjetas prepago, para que los usuarios no tengan que asumir dicho aumento.
Lo anterior, lo manifestó el diputado Juan Manuel Molina García, quien aclaró que de no tener el uso del lector debe de prevalecer la tarifa de 15.50, porque nadie está obligado a lo imposible, lo cual es un principio de derecho humano.
“Si yo tengo derecho con mi tarjeta a pagar los 15.50 pesos y resulta ser que el que no trae el lector es el camionero, yo no estoy obligado como usuario a pagar algo porque está fuera de mi control si el camionero trae o no trae el lector”, aseveró.
El legislador informó que en la Ley de Movilidad hay un esquema de responsabilidad en donde si un concesionario de transporte público cuenta con algún dispositivo que no esté funcionando y eso hace que un ciudadano pierda, ese titular, está incurriendo en una irresponsabilidad.
“Nosotros vamos a estar en contra de los aumentos injustificados porque es trasladarse a trabajos, ir a escuelas, ir con la familia, ir a atender a los adultos mayores, muchas cosas que están involucradas en tema de derecho a la movilidad”, precisó.
Molina García, comentó que se debe de saber a todo detalle porque el sector de los concesionarios buscan aumento del transporte público porque pueden representar pérdidas o ganancias mayores pero la obligación del gobierno es que garanticen que todos los camiones tengan los aparatos de lectura de tarjetas.
“También se tiene que garantizar que haya tarjetas suficientes para la gente para que pueda precisamente no ser materia del aumento, porque si una persona trae su tarjeta o su celular con el QR también es válido en los lectores, no hay aumento, no van a pagar más”, agregó.
En cuanto a transporte privado de personal el diputado externó que es la misma regulación que exige la ley por lo que si hay alguna queja de algún usuario de ese servicio que es es el trabajador puede poner su queja.
“Es la misma ley la que los regula, no están fuera de la regulación de la ley y si esas unidades no responden a los requerimientos mínimos y ponen en riesgo la seguridad del usuario esas unidades no deben estar circulando”, concluyó.
