El gobierno entrante de Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó al gobierno saliente de Jaime Bonilla a no realizar contrataciones en abasto de electricidad en los días que les restan sin previa anuencia del congreso de Baja California.

A través de un oficio emitido el miércoles 6 de octubre se dirigieron a Luis Salomón Faz Apodaca, secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua para que realice el pago del servicio de electricidad y se reanude el bombeo de agua por el acueducto, y dicho documento es firmado por Catalino Zavala Márquez, coordinador general de las comisiones de enlace del gobierno entrante.

Pero solicitaron que no contraten nuevas deudas, basados en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas donde señala que: “en ningún caso los servidores públicos podrán realizar contratación alguna de las previstas en la ley, tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, salvo que exista autorización expresa del Congreso del Estado”.

Lo cual justificaron ante la intención del gobierno estatal saliente de querer contratar un suministro eléctrico con un tercero, sin contar con autorización del poder legislativo.

“Se incurriría en una falta grave, que podría provocar responsabilidades administrativas, así como un severo daño patrimonial al Estado”, advierte el documento que dichas acciones podrían ser catalogadas como una actuación ilegal.

Finalmente el escrito emite copia a diversas autoridades para advertir de la intención, entre las notificadas se encuentra la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; Marco Moreno Mexía, enlace de transición; Alejandra Ang Hernández, diputada presidenta de la comisión de fiscalización; Jesús García Castro, auditor superior del Estado y a la propia Vicente Espinoza Martínez, secretaria de la honestidad y función pública.