Las denuncias entre funcionarios han sido comunes en Baja California en la última década, en especial entre exalcaldes.

Solo del trienio 2010-2013, los presidentes de los cinco Ayuntamientos, todos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron acusados por sus sucesores ante la entonces Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).

En Tijuana, desde la administración del panista Jorge Ramos Hernández (2007-2010), todos los alcaldes fueron denunciados por la presunta comisión de algún delito, en general relacionado con corrupción y manejo del dinero.

“Han sido demandas para el público”, considera el académico Víctor Espinoza Valle, quien no recuerda alguna que haya prosperado.

“No sé si ya no le dan seguimiento los demandantes y eso las deja sin efecto, o las negocian”, agrega el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

José Luis Molina Magaña, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de abogados de Baja California, coincide con el académico.

“Cuando hay compromisos políticos yo creo que se atora, pero cuando no hay compromisos políticos y se quiere establecer realmente o comprobar un delito en contra de un funcionario público, claro que se puede”, afirma.

Lo mismo pasó en todos los ayuntamientos sin importar que cambiara el partido o alianza de partidos gobernante; aunque siempre encabezando el Partido Acción Nacional (PAN), y el PRI.

Esa parece ser hasta ahora la única novedad en las acusaciones hechas por el gobierno estatal emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque llega al poder luego de 30 años y cinco gubernaturas continuas del PAN.

Pero Espinoza Valle cree que ahora puede ser distinto, porque el combate a la corrupción es la bandera del régimen morenista que inició con la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Más vale que sí para el nuevo gobierno, porque si no, sería un fiasco. Y eso sería en detrimento de su legitimidad”, dice el académico del Colef.

El abogado Molina Magaña asegura que si en verdad hay un delito, la autoridad tiene elementos para integrar un expediente sólido; también habla de la necesidad de “sentencias ejemplares y más con los que cuidan el dinero”.

Pero igual advierte que el nuevo gobierno que hoy acusa no parece tener muy claro cuál es la ruta que va a seguir.

“Creo que fue muy pronto el que salieran a decir que va a ser la fiscalía anticorrupción cuando no está formada. Luego decir que van a pedir al gobierno federal, etcétera”, comenta.

Con información de Juan Miguel Hernández y Crisstian Villicaña.