La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aceptó que la Fiscalía General del Estado (FGE), no puede con el paquete de seguridad pública, por lo que propuso la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no solo se encargará de combatir la delincuencia, sino de prevenirla.
En su toma de protesta realizada la tarde del 31 de octubre, la gobernadora entregó a manos del presiente del congreso local, Juan Manuel Molina García, una iniciativa por la que se crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual fue ingresada a Presidencia del Poder Legislativo, al primer minuto del 1 de noviembre.
Durante la pasada administración del también morenista, Jaime Bonilla Valdez, desapareció la Procuraduría General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para dar paso a la FGE, que absorbería esta doble función, esto, con el fin de hacer más efectivo el combate la prevención del delito, y la procuración de justicia.
Es en el Capítulo IV de la constitución local, denominado “De la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, en su Artículo 54 en el que se establece que “Las atribuciones que corresponden al Estado, en materia de seguridad ciudadana, se ejercerán por conducto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dependiente del Poder Ejecutivo del Estado.
Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios, tal y como lo acepta la mandataria estatal en su exposición de motivos.
“Actualmente, reconocemos que la Fiscalía General del Estado ha tenido importantes y significativos avances con motivo de su reingeniería institucional para hacer más eficiente la procuración de justicia y erradicar los altos índices de impunidad que impactan al sistema jurídico penal del país.
“Pese a esos logros obtenidos, que sin duda deben destacar, la percepción ciudadana en materia de seguridad, no ha variado toda vez que el sentir de la población en los índices delincuenciales y las condiciones de seguridad para sí y sus familias, y la falta de coordinación entre autoridades, aún no llegan a condiciones óptimas para dotar de paz y orden social.
Ávila Olmeda acepta que las acciones en materia de seguridad pública aplicadas hasta hoy no han dado los resultados del todo esperados, es indispensable emprender un viraje de rumbo.
Agrega que además de tomar en cuenta los justificados reclamos por la seguridad y el diseño e implementación de una política de seguridad integral, ataque las raíces mismas del fenómeno delictivo y de la pérdida de seguridad.
“La medida obedece, a que advertirnos que la gran concentración de atribuciones en la Fiscalía General del Estado representa una excesiva carga de trabajo que reduce su capacidad de respuesta en el rubro de prevención del delito y de las violencias, lo cual es un reclamo sentido que recogimos durante el pasado proceso electoral.
“Es claro que la población reclama efectividad y eficiencia en materia de seguridad, por tanto, dicha exigencia se torna impostergable a fin de recuperar el ánimo de confianza y protección, que le asegure que sus valores más preciados, no estarán en riesgo.
“En este tenor, se justifica y propone la presente iniciativa de reforma a la Constitución local a efecto de reestructurar la competencia de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de que las atribuciones en materia de seguridad, a través de las cuales se cumplen los fines establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo del Estado, se ejerzan de manera especializada, organizada, prioritaria y efectiva, a través de una dependencia central del Poder Ejecutivo del Estado, denominada Secretaria de Seguridad Ciudadana”.
Explicó que comprenderá la prevención social de la violencia y de los delitos en forma integral a todas las formas de violencia, principalmente a través de la formulación e instrumentación de políticas públicas, planes, programas, estrategias y acciones tendientes a evitar o disminuir su comisión.
Igualmente, se encargará de la reinserción social de las mujeres y hombres sentenciados, y el tratamiento de los adolescentes, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sobre la base del respeto a los derechos humanos.
Además del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar su reinserción a la sociedad y que no vuelvan a delinquir.
En su diseño estructural, se establece que contará con un Secretariado Ejecutivo, como órgano desconcentrado con autonomía técnica y de gestión, que en términos de las leyes participe en el desarrollo de esta importante labor de seguridad.
Además, como parte de la especialización de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, tendrá a su cargo el Centro de Evaluación y Control de Confianza, a fin de garantizar que los elementos que tendrán a su cargo las funciones que le corresponden a esta dependencia, cuenten con los perfiles idóneos para su desempeño y acrediten un nivel de confiabilidad que responda a las exigencias de la ciudadanía de gozar con un adecuado estándar de calidad, para beneficio de la población.
Ahora bien, la nueva dependencia del Ejecutivo Estatal, no solo atenderá aspectos que tradicionalmente se han considerado de seguridad pública, sino que también se dirige hacia la seguridad ciudadana que constituye una dimensión más amplia de la primera.
Bajo este contexto, se contará con una dependencia especializada en materia de seguridad ciudadana, que tenga como función principal y punto de partida la prevención del delito, de tal suerte, que con sus acciones se anticipe en lo posible a los fenómenos delictivos y violentos.
También prevenir situaciones que pongan en riesgo a las personas, para salvaguardarlas de los múltiples peligros que puedan amenazar su integridad y el goce de sus derechos, generando las condiciones necesarias para vivir libres de temores.
La iniciativa aún debe ser analizada, discutida y dictaminada en las comisiones de la XXIV Legislatura, y posteriormente aprobada ante el pleno con la votación a favor de al menos 17 de los 25 diputados locales, para después, que sea aprobado por al menos 3 de los 5 Ayuntamientos del estado.
De aprobarse esta reforma, entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022.
