No hubo un daño patrimonial en contra del estado de Baja California a consecuencia de los cobros hechos por las comisiones estatales de servicios públicos, en base a las auditorías realizadas por la empresa Fisamex, a cuentas industriales durante la administración anterior, que fueron posteriormente impugnados y se tuvieron que reintegrar esos recursos.
Así lo aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al ser cuestionada sobre este hecho luego de que el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Armando Fernández Samaniego, negara el daño al erario durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno.
“En este caso no se constituyó un daño patrimonial, porque el recurso se mantuvo en las cajas del organismo operador del agua a sabiendas de que se habían interpuesto los recursos jurídicos para la devolución de esos recursos que se habían ejercido a través de Fisamex”.
Durante su comparecencia ante los legisladores locales, Fernández Samaniego resaltó que durante el periodo de ejecución de Fisamex, entre 2020 y 2021, se recaudaron poco más de 1 mil 800 millones de pesos por concepto de sus auditorías.
De ese monto, explicó el funcionario, los recursos de impugnación presentados por algunas empresas afectadas abarcan alrededor de 400 millones de pesos, de los cuales cerca de 80 millones ya han sido devueltos.
“No hay una autoridad, hasta el momento, que haya hecho una declaración de daño patrimonial”, declaró en ese entonces.
En febrero de este año, un informe de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) confirmó irregularidades en los contratos y el procedimiento que utilizó la empresa Romafam, S.A. DE C.V. (Fisamex) para sustentar el cobro por derechos de conexión del servicio de agua y alcantarillado a usuarios no domésticos en Baja California.
Dentro de estas irregularidades, se cuentan la asignación directa de los contratos en favor de Fisamex, además de que la propia empresa incumplió con las obligaciones que se le asignaron en estos contratos.
En el mismo informe, se hizo constar que la empresa cobró al estado el 20% del monto total recuperado para realizar estas actividades, un total de 354 millones 34 mil 28.46 pesos.
Por su parte, la mandataria estatal justificó el uso de agentes externos para el tema de la recaudación en el caso de algunas instituciones públicas, como los organismos del agua en Baja California, argumentando que sus departamentos de cobranza no cuentan con la capacidad para realizar los cobros como es debido.
