La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) es la dependencia con mayor número de solicitudes de transparencia sin atender y una de las que más información clasifica como reservada y confidencial, reportó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIPBC).
Durante el 2023, indicó el Instituto, emitieron 5 sanciones a dependencias gubernamentales y una de éstas fue dirigida precisamente a la FGEBC.
Entre 2023 y el 16 de mayo del presente año, el ITAIPBC registró 20 mil 295 solicitudes de información en Baja California, de éstas 14 mil 800 recibieron la entrega de información vía plataforma. Sin embargo, cerca de 2 mil 637 respondieron con “notoria incompetencia”, 307 con “disponibilidad vía internet” y 209 con “información inexistente”.
La coordinadora de la Plataforma Nacional de Transparencia del ITAIPBC, Alejandra Tejeda, informó que 205 solicitudes se clasificaron como “información reservada” y 185 “información confidencial”.
Reiteró que la Fiscalía estatal fue la dependencia que menos solicitudes de información atendió en 2023, seguida del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín y el Instituto de la Juventud de Tijuana.
Asimismo, puntualizó que de 2023 a la fecha las dependencias que clasificaron como información confidencial o reservada más solicitudes fueron el Ayuntamiento de Tijuana, FGE, Ayuntamiento de Mexicali, Oficialía Mayor y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, en ese orden.
Agregó que, en el mismo periodo, el Ayuntamiento de Tijuana, Poder Judicial del Estado, Fiscalía General, Ayuntamiento de Mexicali y el Ayuntamiento de Ensenada son las dependencias, o sujetos obligados, con mayor número de solicitudes de información recibidas.
Del 2020 a la fecha, subrayó, detectaron un incremento en las solicitudes de información, cuando se registraron alrededor de 12 mil, cifra que ha ido incrementado gradualmente.
El coordinador jurídico del ITAIPBC, Roberto Gómez, reveló que de 2023 a la fecha emitieron cinco sanciones, cuatro multas económicas y una amonestación pública. Una de las multas económicas fue dirigida precisamente a un funcionario de la Fiscalía.
“Si el sujeto obligado omite enviar una información en vías de cumplimiento a las resoluciones, ya le deja a criterio de la ponencia determinar si es (la sanción) al titular de la Unidad de Transparencia o al titular del sujeto obligado”, explicó.
La amonestación pública, detalló, fue para el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín y el resto de las multas fueron a la Secretaría de la Inclusión, Secretaría de Hacienda y al Centro de Atención Integral “Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos”. Todas por 15 mil 561 pesos.
El titular del ITAIPBC, Francisco Gómez McDonough, comentó que el Instituto de Transparencia está encargado de tutelar los derechos a la información y el derecho a la privacidad. En ese sentido, requieren exhortar a los sujetos obligados a dar cumplimiento con dichos derechos.
