A través de un tribunal internacional, la firma Consolidated Water demandó al gobierno del Estado y le exige el pago de 51 millones de dólares al haber cancelado el contrato que dicha compañía había ganado en 2016.
Se trata de la planta desalinizadora que el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid promovió a través del esquema de Asociación Público Privada (APP) pero que finalmente se canceló durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
La empresa subsidiaria holandesa de Consolidated Water recurrió al Centro Internacional de Arbitraje de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para que se realice un arbitraje y recuperar 51 millones de dólares por el proyecto que estaba previsto en Playas de Rosarito.
EN EVALUACIÓN
Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del Gobierno del Estado, confirmó la demanda y aseguró que evalúan el caso.
Detalló que fue en 2020, cuando la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) cancelaron anticipadamente el contrato.
“Decidieron cancelar el contrato por considerar que era inviable financieramente en atención a los costos del volumen de producción y la empresa considera que se le deben gastos no reembolsables”.
Pon Méndez explicó que al escalar al nivel internacional, el tema debe ser atendido por el Gobierno Federal, específicamente por la Secretaría de Economía que ya hizo contacto con el Gobierno del Estado para atender la demanda.
“Estamos en una etapa de análisis de los gastos que ellos argumentan haber realizado”.
La Consejería Jurídica Federal también se involucró en el tema.
El panista Vega de Lamadrid aseguró que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito sería la más grande de Latinoamérica con una inversión de 10 mil millones de pesos y que resolvería el desabasto de agua de la zona costa de la región.
Según su propio sitio de internet, Consolidated Water se ocupa de procesos de agua potable con operaciones importantes en las Islas Caimán.