Familiares del periodista Francisco Ortíz Franco, y colegas de profesión en Baja California, se manifestaron y exigieron justicia por su asesinato a 20 años de la tragedia.
Asociaciones de periodistas de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate emitieron posicionamientos en los que exigieron a las autoridades federales esclarecer el caso.
El 22 de junio de 2004 fue asesinado con armas de fuego Francisco Ortíz Franco, editor del Semanario Zeta en Tijuana, mientras se encontraba a bordo de su vehículo, acompañado de dos de sus hijos.
Tras 20 años de su homicidio, la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), no detuvo a nadie y “extravió” la carpeta de investigación del caso, según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Al respecto, asociaciones de periodistas de Baja California se manifestaron y realizaron posicionamientos en exigencia de que las autoridades de la FGR realicen las investigaciones pertinentes.
Desde la Red de Periodistas de Mexicali, el periodista Cristian Torres señaló que la revelación del SIP, la Fiscalía General de la República se puso en contacto con los familiares para evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigió investigar el caso.
Sin embargo, la misma FGR cortó comunicación con la familia de la víctima desde hace tres años, aseveró Cristian Torres.
“Han pasado 20 años, con gobiernos de diferentes partidos prometiendo combatir la impunidad. Nuestras esperanzas de obtener condena por el asesinato disminuye y seguimos preguntandonos si obtendremos al menos la verdad sobre los hechos”, expresó.
Por su parte, la asociación “Yo si soy periodista”, de Tijuana, organizó una marcha contra la impunidad en el Centro Cultural Tijuana este sábado. De igual manera, el colectivo emitió un posicionamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que exigieron a los funcionarios federales cumplir las promesas que le hicieron a la familia de Ortíz Franco.
Asimismo, señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por negarle a la familia el acceso al expediente del caso con el que cuenta dicha dependencia.
En el desplegado, Yo si soy periodista exigió la intervención del gobierno del estado de Baja California y la Fiscalía General del Estado para apoyar en la reparación del daño de los familiares.
Además, pidió a los senadores y diputados federales que representan a Baja California exhortar al gobierno federal para atender las exigencias.